Jueces defienden la desaparición del los CIE a corto plazo

El motín que se produjo en la madrugada del pasado miércoles 19 de octubre, cuando 39 personas internadas en el Centro Internamientos de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid,  se amotinaron, ha sacado a la palestra un importante problema.

En este tipo de centros, se ingresan a personas extranjeras, por un máximo de 60 días, como paso previo a su expulsión. A pesar de esto, más de la mitad de las expulsiones planeadas no llega a materializarse, lo que pone en duda la idoneidad de esta medida de privación de la libertad. 

A las personas internadas en los CIES “se les priva de sus derechos fundamentales y sociales más esenciales garantizados constitucionalmente”, indican desde Jueces por la Democracia (JpD). Pero, como señalan, estos “no han cometido delito alguno”.

La asociación de profesionales de la judicatura en España recuerda que en 2014 se aprobó el Reglamento de Funcionamiento de los CIES, con la esperanza de que este significara un cambio de la gestión, pasando de un modelo securitario a uno social. Pero no ha sido así.

VULNERACIÓN DE DERECHOS Y OPACIDAD

“Las innumerables quejas y denuncias interpuestas por la Defensora del Pueblo, diversas ONG, y organizaciones juristas, y sociales, así como las realizadas por las propias personas internas, ponen de manifiesto que los CIES se caracterizan por ser espacios de vulnerabilidad humana en medio de la opacidad de las prácticas policiales”, señalan desde JpD.

En ellos “perviven las deficiencias estructurales, caracterizadas por el hacinamiento, la irregular asistencia sanitaria y jurídica, la falta de información a las personas internas sobre su situación administrativa, la nula existencia de políticas sociales y/o educativas, etc”.

Desde JpD entienden que “los CIES son una medida de último recurso, al igual que la sanción de expulsión es subsidiaria a la de multa para personas en situación de mera estancia irregular”.

Es por esto que JpD considera que “el internamiento de tales personas debe desaparecer a corto plazo, y, hasta que ello no se materialice, exigimos del gobierno que realice una inversión económica adecuada que posibilite la vida digna en los CIES, dando pleno cumplimiento a los derechos de que son titulares las personas internas”. 

LA FISCALÍA DE MADRID ABRE UNA INVESTIGACIÓN

Además, la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación en relación al motín del CIE de Aluche.

La Fiscalía recalca que se abren las diligencias de cara a esclarecer las circunstancias del incidente. En este sentido, el Ministerio Público ya está recabando información de la Policía Judicial.

LA COMISIÓN DE INTERIOR DEL CONGRESO VISITARÁ EL CIE DEL MOTÍN

Por su parte, el presidente de la Comisión de Interior del Congreso, el 'popular' Rafael Merino, está promoviendo que una delegación parlamentaria realice una visita al CIE de Aluche.

Merino ha justificado su iniciativa alegando que todos los grupos deben "colaborar" en este tipo de asuntos, que no han de ser "capitalizados" por una única formación, en referencia a Unidos Podemos.

Así lo ha anunciado el propio Merino en los pasillos del Congreso, convencido de que la visita se podrá llevar a cabo pronto porque ya ha hablado con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y se ha mostrado abierto a autorizarla.