jueves, 5 de diciembre de 2019 17:57
Politica

El tribunal de Cuentas absuelve a Alfonso Alonso y Javier Maroto por el alquiler de Vitoria

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Alonso maroto


El Tribunal de Cuentas (TCU) ha decidido absolver este miércoles al exalcalde de Vitoria y actual presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y al que fuera su concejal de Hacienda en 2007 y actual vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, de un presunto delito de infracción contable.


El conocido como ‘caso San Antonio’ investigaba la firma de un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón a un precio considerado muy superior al de mercado durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.


La sentencia también absuelve al resto del equipo de Gobierno y modifica la decisión de ese mismo Tribunal, que los había condenado al pago de 393.862,31 euros el pasado mes de mayo.


Pero tras la apelación, dicho Tribunal, cuya ponente es Margarita Mariscal de Gante –exministra de Justicia del PP— ha convencido a José Manuel Suárez Robledano --nombrado a propuesta del los populares—para lograr la absolución.



Una decisión que es contraria al criterio del presidente de la sala, Felipe García Ortiz –nombrado por el PSOE-- al estimar que sí existió "infracción legal" en el contrato, según han informado fuentes del TCU.


DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA


El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.


El Tribunal de Cuentas apuntó en su sentencia de mayo a la "responsabilidad contable" de aquel Gobierno municipal del PP, y condenó a sus integrantes a pagar, de forma solidaria, 393.862,31 euros por el "perjuicio" causado a las arcas públicas de Vitoria.


La Sala de Justicia de este tribunal ha estimado el recurso de Maroto, Alonso y el resto de exconcejales del PP condenados, y absuelve a todos ellos. En esta nueva sentencia se indica que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en el contrato entraban en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, y que el informe de la Unidad Técnica del Ayuntamiento, que estimaba que el alquiler debía tener un coste inferior, no era vinculante.


El Tribunal de Cuentas añade que la jurisdicción contable no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos, ya que debe limitarse a estudiar los criterios de legalidad.


En su voto particular, el presidente la Sala de Justicia del TCU, Felipe García Ortiz, indica que sí existió una infracción legal en el contrato, ya que se vulneraron los principios de buena administración que establece el artículo 111 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.


Dicho artículo, según recuerda este consejero del TCU, prohíbe pactar cláusulas contrarias a estos principios, por lo que entiende que en la actuación de Maroto y Alonso hubo daños a los fondos públicos.


El voto particular señala que en ningún caso se justificó ni motivó la desproporción en el precio de actualización, por lo que considera que el mismo fue abusivo y existió un pago sin causa que ascendió a 189.097 euros. El presidente de la sala cree que Maroto, Alonso y el resto de los miembros de aquel Gobierno municipal deberían haber sido condenados por esta suma, estimando su recurso de forma parcial.


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