Los ayuntamientos podrán gastar en 2018 parte del superávit acumulado desde 2016

El PP ha atendido una de las reivindicaciones de las corporaciones locales y de la oposición con una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que permitiría a los ayuntamientos gastar en 218 parte del superávit acumulado desde 2016.

Así los ayuntamientos con las cuentas saneadas podrán superar la regla de gasto con la posibilidad de invertir los remanentes de tesorería generados y dedicarlos a proyectos que puedan calificarse como financieramente sostenibles, pero que hasta ahora debían estar concluidos en 2017. Con la enmienda del Grupo Popular, los ayuntamientos podrán dedicar esta inversión a proyectos que se extiendan al próximo año.

Ahora bien, si estos proyectos no pueden ejecutarse íntegramente este año, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2018 financiándose con cargo con cargo al remanente de tesorería de 2017, que quedará afectado por ese importe restante. Los 'populares' inciden en el condicionante de que las cuentas municipales, a final de 2018, estén saneadas, ya que recogen expresamente que el ayuntamiento "no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018".

El PP justifica esta modificación en la fecha de presentación de los Presupuestos, ya que esta prórroga para poder gastar el superávit en 2017 "podría carecer de operatividad", dado que las cuentas entrarán en vigor a mitad de ejercicio.

FINANCIAR LA DEUDA FISCAL DE 55 AYUNTAMIENTOS

Asimismo, otra de las enmiendas del PP va dirigida a permitir la financiación de ayuntamientos a los que se les estén aplicando retenciones en sus impuestos por tener deudas con la Agencia Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social. Esta medida podría beneficiar a 55 ayuntamientos que adeudan a ambas un total de 158,4 millones de euros. Estas corporaciones se encuentran adheridas al Fondo de Ordenación y en situación de riesgo financiero, o bien no pueden refinanciarse en condiciones de prudencia financiera.

Con esta medida, por la que se permitirá excepcionalmente en 2017 su financiación con cargo a Hacienda y la Seguridad Social, “se pretende posibilitar el saneamiento financiero de los ayuntamientos concernidos y que se estén al corriente del pago de sus obligaciones con la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social y pueda ser beneficiarios de subvenciones que conceden otras administraciones públicas”, según argumenta el Grupo Popular.