Funcionarios auguran el colapso de juzgados de las cláusulas suelo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado de "lamentable" que, "a dos días de su entrada en vigor", aún no se sepan los medios materiales y personales de los que dispondrán los 54 juzgados designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los casos de cláusulas suelo.

"A dos días de su entrada en vigor, se desconocen los medios materiales y humanos, con riesgo de colapso ante los 200.000 expedientes que se avecinan", reza el comunicado emitido por el sindicato.

Según CSIF, el CGPJ ha convocado este miércoles al Ministerio de Justicia y CCAA con competencias después de cuatro meses desde que se anunciara la medida, por lo que asiste con "preocupación" a la "falta de coordinación, al exceso de improvisación y a la ausencia de claridad en la puesta en marcha de esta iniciativa".

"Desde CSIF asistimos con preocupación al triste espectáculo que están ofreciendo las diferentes administraciones e instituciones que lanzan propuestas sin el apoyo suficiente de medios materiales y personales, a otras que se rebelan contra la propuesta del Consejo y que, abiertamente, dicen que van a hacer lo que les dé la gana y a un tercer grupo que, ni ha hecho nada ni se le espera", reitera el documento.

Por otro lado, recalca que desde que se conoció la iniciativa pidió que la decisión tomada fuera "resultado de un análisis con datos objetivos", que estuviera "consensuada al máximo con todas las administraciones competentes en materia de Justicia" y que se convocaran las mesas de negociación para planificar esa dotación de medios materiales y personales "tal y como exige el Estatuto Básico del Empelado público".

Finalmente, CSIF reitera que "nada de esto se ha hecho" y que por eso se está a la espera de una reunión "de última hora", con la que pretenden ponerse de acuerdo "tras cuatro meses mareando la perdiz". 

"Y mientras tanto, los funcionarios no tienen ni idea de lo que tienen qué hacer y de cuánta carga de trabajo van a tener que asumir a partir del 1 de junio y los ciudadanos siguen sin saber qué tratamiento se les va a dar a sus demandas", concluye el escrito.