domingo, 28 de abril de 2024 01:34
Opinión

El alcalde de Tarragona se desentiende del caso Inipro ¡Bien empieza!

Carmen P. Flores
Carmen P. Flores
Directora de Pressdigital

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En los temas judiciales, con permiso de sus señorías, en más de una ocasión hay casos que chirrían. Es la suposición de esta que escribe, pero es lo que pienso atendiendo los inputs que llegan, que reafirman mis dudas. Lo digo porque en la mañana de este lunes saltaba la noticia de que el nuevo alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales -ex de ciudadanos – anunciaba que el ayuntamiento se iba a retirar del caso INIPRO, como parte perjudicada por la decisión del anterior alcalde de ERC. Una postura que para algunos resultará comprensible por eso de que ahora son del mismo partido, el PSC. Para otros en cambio resulta sorprendente en aras de la transparencia y el sentido de que se aclare lo sucedido. 

 

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales @ep


¿Quieren de verdad que se aclare el caso Inipro-Tarragona causante de la marcha de Félix Ballesteros de la política? Pues a tenor de esta decisión, no. Y ello le tenemos que sumar que la ahora regidora Cecilia Mangini, a la que el juzgado de instrucción la imputó como trabajadora de INIPRO - aunque después la Audiencia de Tarragona lo desestimó pese a considerarla responsable a título lucrativo - ahora se da la “paradoja” de que ha sido nombrada presidenta del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSST) Sociales, de donde desaparecieron 276.121 euros para promover la figura del entonces alcalde, Félix Ballesteros, en el año 2010, según la CUP que denunció el caso.


Resulta curioso la coincidencia y que la primera medida, conocida, tomada por el alcalde Viñuales sea el nombramiento de Cecilia, quien por cierto ha practicado como se puede ver eso de las puertas giratorias. No es el único caso, en INIPRO-Viladecans esta práctica de puertas giratorias de Inipro-Tarragona siempre ha sido muy habitual, sin el más mínimo pudor. ¿Por qué será?


El caso Inipro -Tarragona llegó a la Audiencia el pasado año tras una larga “instrucción” y la apertura del juicio oral, según el presidente de la Audiencia, Joan Perarnau, no se producirá antes del 2024. Una situación chocante que Perarnau justificaba debido a las cargas de trabajo que tienen. Es cierto que tienen mucho trabajo, pero ¿no es lo suficientemente importante como tratarlo lo más rápidamente posible? Debe ser que no.


La misma suerte está corriendo la pieza separada del caso Inipro-Viladecans, El 4 de mayo del 2016 - han pasado ya 7 años-, la Guardia Civil y la policía judicial registraban el Ayuntamiento de Viladecans  donde se pasaron todo el día pidiendo documentación de los contratos asignados a la famosa empresa que nació de una asociación de “amigos”  y que se ha hecho con cientos de contratos no solo en Viladecans, sino en otros muchos ayuntamientos incluido el de Barcelona. Ese día fue detenido Joaquín Guerrero, teniente de alcalde y primer secretario de los socialistas de Viladecans, que al cabo de unos días fue puesto en libertad con cargos y que figura como imputado, él y otras personas más.


Inipro -Viladecans ha sido hasta ahora un partido de pin pon. El primer juez que se hizo cargo del tema fue el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, el juez Joaquín Elías, que cuando tenía prácticamente terminada la instrucción, fue ascendido a la Audiencia de Barcelona. Se hizo cargo la jueza Chantal Prieto, jueza que tras mirarlo llegó a la conclusión que debería ser instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Gavá, cuyo juez es Rubén Vallejo González. Una vez revisado, decidió devolverlo otra vez a su colega de Tarragona porque creía que no era una pieza separada. Su compañera Prieto, le devolvió de nuevo el caso al juez Vallejo explicando que era una pieza separada - ¿seguro que no tienen nada que ver?-. Y en ese partido de pin pon ha estado Inipro-Viladecans. El juez Vallejo ha llamado a declarar a unas 12 personas, algunas como imputadas, y otras como testigos. Entre estas últimas al secretario y la interventora y se ha olvidado de llamar, entre otras muchas personas conocedoras del caso, al antiguo secretario que ha vivido todos estos años la adjudicación de los contratos, al alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, máximo responsable del ayuntamiento y además firmante de algunos decretos de alcaldía. ¿Por qué? No lo entendemos, lo mismo que la no comparecencia de algunas personas más que podrían aportar datos.


El Juez Vallejo ha levantado el secreto del sumario hace un par de meses, sin que los medios de comunicación hayamos tenido acceso al contenido del sumario. Ahora está a la espera del informe pericial económico que había solicitado y que al parecer lleva su tiempo, lo que significa que el tiempo se alarga, el juicio no llega y la gente desconfía de que este caso pueda quedar en nada. ¿Será posible? Habrá que ponerle una vela a San Judas Tadeo para que haga posible pensar que todo será juzgado aplicando las leyes…
 

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