TIEMPO PARA LA REFLEXIÓN

Este viernes se ha conocido que la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha impuesto una multa de 800.000 euros a la empresa funeraria Áltima; de 500.000 euros al Ayuntamiento de L'Hospitalet y al Institut Català de la Salut (ICS), como gestor del Hospital de Bellvitge, de 300.000 euros; el Institut Català d'Oncologia, responsable del Duran i Reynals, con 100.000, y al Consorcio Sanitario Integral, que gestiona el Hospital General de L'Hospitalet, con 25.000 euros.

Este viernes se ha conocido que la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha impuesto una multa de 800.000 euros a la empresa funeraria Áltima; de 500.000 euros al Ayuntamiento de L'Hospitalet y al Institut Català de la Salut (ICS), como gestor del Hospital de Bellvitge, de 300.000 euros; el Institut Català d'Oncologia, responsable del Duran i Reynals, con 100.000, y al Consorcio Sanitario Integral, que gestiona el Hospital General de L'Hospitalet, con 25.000 euros. 1,7 millones en total porque ha quedado probado, que entre todos, ejercían una "práctica restrictiva de la competencia" de servicios funerarios en Hospitalet.

Por otra parte una juez de Sabadell que investiga el caso Mercurio ha imputado a la secretaria de organización del PSC, Assumpta Escarp, dentro de la pieza sobre los relojes regalados a políticos con fondos de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Además de Escarp, deberán declarar el exalcalde de Balaguer (Lleida) que también era miembro del consejo nacional de la FMC, Miquel Aguila Barril (PSC); la exalcaldesa de El Vendrell (Tarragona) Helena Arribas (PSC), y la alcaldesa de Malgrat de Mar (Barcelona), Conxita Campoy (PSC). Al día siguiente, están llamados a declarar el exalcalde de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Antoni Morral Berenguer (ICV), el exalcalde de Flix (Tarragona) Pere Muñoz Hernández (ERC), exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros (PP), el exalcalde de Argentona (Barcelona) Antoni Soy (ERC) y el exalcalde de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Juan Antonio Vázquez (PSC). Y es que este juzgado de Sabadell abrió en junio una pieza separada dentro del macrocaso Mercurio para investigar a una cuarentena de alcaldes que presuntamente cobraron "sueldos encubiertos" justificados como dietas y desplazamientos. Lo hizo tras recibir un atestado policial que concluyó que existen "suficientes indicios de una práctica irregular y prolongada en el tiempo" en la FMC que suponía la entrega de cantidades mensuales a los miembros en concepto de dietas y desplazamientos que no tenían justificación.

Dos situaciones diferentes, de un viernes cualquiera de febrero, pero que siempre tienen un perjudicado común, el bolsillo de los ciudadanos. Que pagaron, pagan y pagarán las malas praxis de aquellos a quienes confiaron la gestión colectiva.

Este día por todo lo que está aconteciendo merece que le pongamos nuestra particular reflexión, merece una parada en seco, un poco de nuestro tiempo, dentro del frenético ritmo diario. ¿No les parece queridos lectores?