​Cinco provincias sobreseen la mayoría de las denuncias por violencia machista

La organización Ve-la luz ha alertado del alto índice de sobreseimiento de denuncia por violencia de género en cinco provincias, concretamente en Pontevedra (79,1%) Cantabria (78,5%), Palencia (78,5, Salamanca (72,2%) y Ávila (68,5%).

Para Ve-la luz es de "extrema necesidad", impulsar una "Alerta de género" que señale las zonas que permiten un contexto de violencia, "dejando impune a los agresores además de formar y sensibilizar de manera urgente a los operadores judiciales e instar al poder Legislativo para que armonice la legislatura con perspectiva de género".

La entidad ha recordado que durante 2016 las denuncias han subido un 10% (142.893), el número de renuncias ascendió al 12,5% y el número de condenas no supero 11 por ciento. En este sentido ha destado la situación de Segovia (1,5%,), Valladolid (2,9%), Lugo (3,2%), Madrid (3,6%), Barcelona (4,2%).

Igualmente ha alertado de la desprotección de las mujeres, ya que las órdenes de protección bajaron un 8 por ciento desde 2009. Al largo del 2016 accedieron a una orden de protección un 26,5% (37.956 mujeres) en el inicio del proceso, tras pasar por segunda instancia solo el 11,6% (16.675 mujeres) del total de denuncias, mantuvieron la orden de protección.

En cuanto a los menores, durante el 2016 denunciaron 142.893 mujeres y que al menos el 70% de las mismas tienen un hijo menor de edad.

Tras el análisis de los datos del CGPJ, Ve-la Luz ha criticado el poco o nulo respaldo judicial que están recibiendo las víctimas, alertando que están siendo "doblemente victimizadas". "La tortura, golpes, abusos, inducción al suicidio, llegando en muchos casos al asesinato por parte de sus parejas o exparejas son normalizadas mediante sentencias judiciales, donde las victimas serán convertidas de víctimas a delincuentes", ha explicado la organización.

Igualmente, ha criticado al Ministerio de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales por mostrar "su desinterés abiertamente", a través de un portal estadístico que presenta sus últimas actualizaciones, en base a las órdenes de protección que datan de septiembre de 2016 y ha recordado el "maltrato institucional" que reciben los huérfanos de la violencia de género en España, al rechazar otorgarles el 100% de la orfandad.