Sindicatos y patronal de la estiba rechazan la propuesta de acuerdo del mediador

Los sindicatos de estibadores y la patronal del ramo han rechazado la propuesta de acuerdo sobre la reforma del sector planteada por el mediador del conflicto, Marcos Peña, y que el Ministerio de Fomento sí había aceptado, según anunciaron en sendos comunicados.

La Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO, UGT, CIG y USO agradecen el esfuerzo del mediador, pero indican que no tiene sentido una propuesta de mediación cuando la patronal y los sindicatos del gremio ya habían alcanzado un principio de acuerdo.

De su lado, la patronal Anesco plantea que su aceptación a la propuesta está vinculada a que el Gobierno concrete varios puntos de la misma, entre ellas el marco jurídico o la norma a la que está dispuesto elevar el eventual acuerdo, además del alcance de las medidas que ofrece para acometer un ajuste en la plantilla de estibadores.

Los trabajadores y las empresas del ramo respondieron de esta forma a la propuesta de acuerdo que el mediador del conflicto de la estiba les presentó el pasado jueves, y que el Ministerio de Fomento había aceptado. 

La parte social ha manifestado su postura ante la propuesta 'in extremis', al del plazo dado por Marcos Peña para manifestarse, que concluyó a las 13.00 horas de este martes.

CONTABA CON LA APROBACIÓN DEL GOBIERNO

La propuesta de mediación contaba con la aceptación del Ministerio de Fomento, que dio el 'sí' al documento de Peña el mismo jueves apenas dos horas después de recibirlo.

La propuesta de Marcos Peña no insta a regular por ley la subrogación de los estibadores, principal reivindicación de los sindicatos y escollo fundamental de la negociación.

En este sentido, se limita a sugerir que "la formulación legal del principio de subrogación" que recoge el Estatuto de los trabajadores en su artículo 44 "se complemente y articule con fórmulas de subrogación convencional".

MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

No obstante, reconoce que la reforma del sector de carga y descarga de barcos en los puertos que plantea el Gobierno para adecuarlo a la normativa comunitaria y evitar una multa de la UE "supone un cambio de relieve suficiente para justificar la adopción de medidas laborales".

Así, defiende que su "aplicación exige una normativa transitoria que, dado que se mantiene la actividad, debe garantizar la continuidad en el empleo", una garantía que, después añade, "debe tener el instrumento legal que se considere suficiente".

Además del mantenimiento del empleo, Peña señala como "aspectos esenciales" del acuerdo, "contribuir a la mejora organizativa del sector respetando la legalidad vigente y comprometer la ayuda del Gobierno para minimizar el daño".

Así, asume casi en su integridad la parte del preacuerdo alcanzado entre empresas y sindicatos respecto a la mejora de competitividad de los puertos, que incluye la oferta de los estibadores de bajar un 10% el sueldo de quien cobre más de 2.230 euros al mes. De igual forma, recoge las ayudas de 120 millones de euros para prejubilaciones ofertadas por el Gobierno.

Marcos Peña culmina su labor como mediador del conflicto de la estiba reconociendo que "tras ocho reuniones y cuarenta horas de negociación" el acuerdo "global" es "imposible". No obstante, llama a Gobierno, sindicatos de estibadores y patronal a seguir negociando para buscar "un mínimo común denominador" y "llevar a un terreno común las distintas posiciones" sobre los referidos esenciales.

FOMENTO OFRECE ELEVAR EL ACUERDO A UN "DECRETO LEY ESPECÍFICO"

El Ministerio de Fomento está dispuesto a elevar la propuesta de acuerdo sobre la reforma de la estiba planteada por Marcos Peña, el mediador en la negociación con el sector, a un "decreto ley específico que colgaría del decreto ley que articule la reforma del régimen legal de la actividad".

"Hemos aceptado la propuesta del mediador y nos comprometemos a elevarlo tal como está a un rango normativo, una norma que en principio podría ser un reglamento, pero incluso también un decreto ley específico, que colgara del decreto ley", indicó el titular del Departamento, Íñigo de la Serna.

En virtud de lo expuesto por el ministro, el Gobierno articularía la reforma que pretende acometer en el sector para que cumpla con Europa y España evite una sanción mediante un nuevo decreto ley. En paralelo, incluiría el eventual acuerdo laboral en un decreto ley o un reglamento que pendiera del anterior.

La articulación de un decreto ley para garantizar un eventual acuerdo laboral sobre la reforma de la estiba constituye la principal reivindicación de los trabajadores del gremio desde que a principios de febrero el Gobierno planteó la reforma.

Asimismo, la concreción del instrumento normativo al que el Gobierno se ha comprometido a llevar un eventual acuerdo con el sector es una de las principales peticiones realizadas por los sindicatos en las últimas semanas.

El ministro planteó su ofrecimiento inmediatamente después de que patronal y sindicatos condicionaran su aceptación a la propuesta de acuerdo planteada por el mediador, a la concreción de una serie de detalles, como las ayudas a la reconversión, y a que el Ejecutivo presente el texto de la reforma.

Durante la presentación de los Presupuestos de su Ministerio, De la Serna se mostró "prudente" ante estas respuestas de trabajadores y empresas a la mediación. "Hay que leerlas y valorarlas con tranquilidad", señaló.

DE NUEVO A CONSEJO DE MINISTROS, "CUANTO ANTES"

A pesar de ello, el ministro de Fomento avanzó que volverá a llevar "cuanto antes" al Consejo de Ministros la reforma legal del sector de la estiba para volver a iniciar de nuevo su preceptiva tramitación parlamentaria, después de que el pasado 16 de marzo el Congreso emitiera su histórico rechazo al primer decreto que presentó para reformar el sector.

"Lo queremos plantear cuanto antes, con toda la celeridad posible, aunque no puedo concretar si este viernes o el siguiente", indicó De la Serna sobre la nueva presentación de la reforma al Consejo de Ministros.

"Necesitamos poner fin a esta sangría", indicó en relación a la multa que España acumula por incumplir la norma europea con su régimen legal de la estiba.

En la actualidad, el país paga una multa diaria de 27.000 euros desde que en diciembre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de la UE le sancionó por incumplir con la estiba el principio de libertad de empresa de los tratados europeos, con lo que ya se acumula una sanción de unos 25 millones de euros. 

A ella se puede sumar una segunda multa de 134.000 euros diarios por incumplir la primera y que, según Fomento, está a punto de fallarse.