De Guindos defiende que la venta del Popular no haya costado "ni un solo euro de dinero público"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido el procedimiento de resolución y posterior venta de Popular a Santander, dado que la alternativa habría sido un concurso de acreedores, lo que habría generado "incertidumbre" en los depositantes.

El titular de Economía ha señalado durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso para explicar la venta del banco Popular a Santander que en España más de un millón de hogares eran depositantes de la entidad y que para ellos haber acudido a un concurso de acreedores habría generado "enormes retrasos e incertidumbres" en la recuperación de sus ahorros.

Según ha explicado el ministro, en el momento en que se acometió la resolución y posterior venta, Popular contaba con 60.347 millones de euros en depósitos, de los que unos 30.900 millones de euros correspondían a particulares y otros 8.300 millones de euros a pymes. Para De Guindos, "se ha logrado salvaguardar totalmente los intereses de los depositantes", algo que "no es baladí a la luz de las cifras".

De Guindos ha puesto en valor que el proceso se ha llevado a cabo sin comprometer "ni un solo euro de dinero público", a diferencia de "lo que ocurrió hace cinco años", en referencia a Bankia. "Es importante tener en cuenta que las medidas adoptadas no han comprometido ni un solo euro de dinero público ni presente ni futuro", ha añadido.

Además, ha destacado que el proceso no ha conllevado "contagio entre el riesgo bancario y soberano", ya que la prima de riesgo incluso se redujo la semana pasada, ni en el resto de entidades financieras, pues sus cotizaciones bursátiles han mejorado estos días.

El titular de Economía ha manifestado que el proceso se ha realizado "cumpliendo al pie de la letra" con la normativa europea y ha señalado que "esta situación ha puesto a prueba a la Unión Bancaria, y esta prueba se ha logrado superar".

Para De Guindos, el "desenlace" de Popular no habría sido posible "sin un sistema financiero saneado", en el que el desapalancamiento se ha reducido desde los 50 puntos de Producto Interior Bruto (PIB) que representaba durante la crisis hasta encontrarse por debajo de la media de la zona euro en estos momentos.

El ministro ha explicado que las "reglas de juego" europeas implican que los accionistas son los primeros que deben asumir las pérdidas de un banco para evitar "cualquier impacto sobre las arcas públicas", y ha afirmado que es la Junta Única de Resolución (JUR) la que decide cuándo y cómo se debe intervenir un banco, tras lo cual es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el que acata sus decisiones.

En este sentido, ha señalado que la JUR solamente puede poner en marcha una resolución tras constatar que la entidad se encuentra en serias dificultades y es inviable o, al menos, es "razonablemente previsible" que entre en esa situación, algo que determina el Banco Central Europeo (BCE).

Por otra parte, la JUR debe constatar que no existen alternativas de solución privada y, además, deben existir "razones de interés público" para acometer la resolución.

Una vez acreditadas estas tres cosas, la JUR puede poner en marcha la resolución y entre las medidas que pudo adoptar se encontraban la posibilidad de crear un "banco puente", un "banco malo", un 'bail in', la conversión de instrumentos contingentemente convertibles en acciones o una venta privada.

De Guindos ha repasado los hitos más importantes en la historia reciente de Popular, que antes de la resolución era la sexta entidad española, entre los que ha destacado la aprobación por parte del banco de la evaluación del BCE en 2014, así como de los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) en 2016, que demostraron que el banco estaba "bien capitalizado".

El ministro ha explicado las diferentes caídas en el precio de la acción de Popular como consecuencia de la reexpresión de las cuentas de la entidad, de la falta de concreción por parte de su expresidente Emilio Saracho sobre la hoja de ruta del banco durante la junta ordinaria de accionistas celebrada en abril o de las rebajas en las calificaciones crediticias de la entidad.

"Cada reducción de la calificación dificulta el mantenimiento de los deporsitantes corporativos, que suelen exigir un mínimo de nota", ha explicado el ministro.

DOS PROGRAMAS DE LIQUIDEZ DE EMERGENCIA

De Guindos ha revelado que Popular pidió un plan de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) el lunes y otro el martes ante una "fuga de depósitos de tal magnitud" que llevó a la pérdida de liquidez a las 15.00 horas del pasado martes.

La entidad no pudo solicitar más líneas de emergencia por falta de colaterales y en esa situación la entidad no podría haber abierto las puertas de sus sucursales el miércoles y se habría visto dirigida a un proceso concursal, según el ministro.

El procedimiento de resolución, en opinión de De Guindos, "no es ninguna anomalía" en la actividad diaria de la JUR, que dio orden el sábado 3 de junio al FROB de activar las primeras fases de un procedimiento de venta.

El BCE declaró el martes la situación de inviabilidad del banco por falta de liquidez, casi al mismo tiempo que Popular informó por escrito al supervisor europeo de que su consejo de administración había llegado a la misma conclusión. Esta declaración de inviabilidad por parte del BCE es la que detona el proceso.

LA VENTA FUE "TRANSPARENTE Y NEUTRAL"

En opinión de De Guindos, el proceso de venta que se puso en marcha en el marco de la resolución fue "abierto, transparente y neutral" y al mismo se invitó a cinco entidades financieras.

De ellas, solamente dos firmaron el acuerdo de confidencialidad para formar parte del procedimiento y la "oferta ganadora" fue la de Santander, hoy propietario del 100% de las acciones del banco y de sus activos y pasivos "presentes y futuros".

"El precio de venta resultó superior a la valoración de la entidad que había hecho el experto independiente" -que arrojaba un agujero de entre 2.000 millones y 8.000 millones-, ha indicado De Guindos, según quien la entidad presidida por Ana Botín se comprometió también a garantizar la liquidez necesaria para asegurar el funcionamiento de la entidad "desde el mismo día de la operación", de forma que las sucursales de Popular pudieron abrir sus puertas el miércoles "con total normalidad".

PSOE: LA VENTA PUEDE COSTAR 1.800 MILLONES 

El PSOE cree que la venta del Banco Popular por 1 euro al Banco Santander puede costar 1.800 millones de euros por la contabilización de créditos fiscales con el aval del Estado, que en el caso de la entidad financiera liquidada ascendió a esta cantidad.

Así lo ha manifestado el portavoz económico de esta formación en el Congreso, Pedro Saura, durante la comparecencia del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, para explicar la resolución de venta del Banco Popular.

Refutando el argumento de que la operación no tendrá coste para el contribuyente, Saura ha asegurado que "el Popular va a tener un coste al erario público" y le ha recordado la modificación del Impuesto de Sociedades para que las entidades financieras pudieran contabilizar los créditos fiscales como capital regulatorio.

"Estos créditos tendrían el aval del Estado. Estamos hablando de en torno a 40.000 millones que en el caso del Popular podrían ser de 1.800 millones", ha apostillado Saura, que ha señalado que los supuestos para "monetizar" estos créditos son las pérdidas contables o insolvencia judicialmente declarada. "La primera de las causas, en 2016, es evidente, luego el Banco Popular va a tener un coste que puede llegar hasta 1.800 millones. Si es así, nos ha engañado doblemente", ha dicho.

Saura ha criticado al ministro por "no haber inspirado soluciones durante los últimos cinco años", tildando esto como un "gravísimo error". "¿Cómo se mantiene durante cinco años un banco zombi?", se ha preguntado, afeando que, si el Popular tenía un problema de exposición al crédito inmobiliario, la decisión de no desplazar esos créditos respondió a una actitud de "mirar a otro lado".

Asimismo, ha recordado que el Popular superó el examen de calidad de sus activos y las pruebas de resistencia hace menos de un año, y que sus fondos propios han pasado de casi 11.000 millones a, según su auditor, en el peor de los casos, casi 2.800 millones de euros, por lo que ha tildado de "pésimo" el "papel de los gestores.

PARA UNIDOS PODEMOS, LA VENTA "ES UN PELOTAZO"

A través de una metáfora cinematográfica, Unidos Podemos ha comparado la evolución del Popular como una mezcla de 'El sexto sentido', "pero en versión Berlanga", pues ha recordado que el propio De Guindos defendió la solvencia del banco en abril. "Bruce Willis estaba muerto y no se había enterado o no quería que nos enteráramos", ha espetado el portavoz de Economía, Alberto Montero.

El diputado de Podemos ha señalado que la valoración de la Junta Única de Resolución, mecanismo comunitario a través del cual se decidió su venta, debe de ser económica y financiera y no únicamente contable. "Solo un euro responde solo a criterios de contabilidad", ha dicho, recordando que otra "situación paradójica" es que el precio fuera sólo de un euro cuando el valor económico y financiero llegaba a ser negativo.

"Lo que han hecho es un deterioro en Bolsa para acabar convenciéndonos de que el banco era inviable", ha aseverado, subrayando que el patrimonio neto del Popular es positivo y que éste "permitirá atender a nuevas previsiones y otros gastos extraordinarios derivados de su absorción".

Así, cree que la anunciada ampliación de capital del Santander de unos 7.000 millones de euros "no es para cubrir un boquete", sino para aprovisionar los requisitos de capital "que su nueva dimensión exige". "Lo que han hecho es entregar el Popular al Santander a precio de saldo", ha resumido, argumentándolo con la rentabilidad prevista de la operación, un 20% "si las cosas van bien". "Esto tiene nombre en España: un pelotazo", ha dicho.

"Han facilitado un pelotazo con la adquisición. Si no, ¿a cuenta de qué no prohíbe la CNMV las venta de acciones como en el Liberbank? ¿Lo han aprendido hace dos días?", ha dicho Montero, que ha reclamado que Bankia "se mantenga como banca publica para garantizar lo que estas entidades (en referencia a las privadas) no van a poder hacer".

¿QUÉ HAN HECHO MAL LOS REGULADORES?

Ésta idea ha sido rechazada por parte de Ciudadanos, cuyo portavoz de Economía, Toni Roldán, considera un "éxito" que no haya habido dinero público en la operación, tampoco en el caso de Bankia. "No sé si no han tenido suficiente", ha dicho, respondiendo a Montero.

En todo caso, se ha preguntado por cómo, después de pasar los controles de los reguladores europeos "con holgura", se haya llegado a esta situación, por lo que ha reclamado al ministro saber "qué están haciendo mal los reguladores".

Asimismo, ha reclamado que, cuanto antes, impulse la separación de la CNMC, instaure un sistema de nombramiento "meritocrático", y establezca una autoridad independiente de protección al consumidor que permita desarrollar un "control más exhaustivo".

"VÁYANSE A SUS CASAS"

Por parte de Esquerra Republicana, Ester Capella ha criticado que el banco no tuviera un problema de solvencia, sino que carecía de capital necesario, pues contaba con patrimonio, lo que deduce "una transferencia de riqueza al nuevo accionista".

Así, ha hecho referencia a que con la absorción, el 70% de la cuota de mercado "queda en manos de los cinco grandes grupos". "No le pediré la dimisión porque pedir la dimisión de un ministro es un oxímoron, ¿pero por qué dijo que era solvente?", ha dicho Capella, concluyendo con un deseo: "Váyanse todos a sus casas".

La portavoz de Economía del PNV, Idoia Sagastizabal, ha criticado que la CNMV se quedara "dormida", pues cree que "debería de haber tenido una actuación preventiva" y "prohibir las ventas a corto plazo", mientras que Ana Oramas, de Coalición Canaria, se ha interesado por la retirada de fondos de las administraciones públicas y en qué medida pudo afectar a su falta de liquidez.

Asimismo, ha dicho que sí que existirá un coste para el contribuyente con la liquidación del banco, pues corren en riesgo 3.000 puestos de trabajo y también pensionistas que tenían ahorros en acciones del banco han perdido su dinero.