CC.OO. reclama a Ayuso una reformulación de la RMI y un plan de choque contra la pobreza energética

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, una reformulación de la Renta Mínima de Inserción (RMI), un plan de choque contra la pobreza energética, agravada por la guerra en Ucrania, y abordar el control de precios del alquiler.

López ha reprochado a Ayuso su "indiferencia ante el incremento de la pobreza" al permitir la "caída de recursos" para combatirla. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en la Comunidad de Madrid se situó en 2021 en el 21,6 por ciento, incrementándose por segundo año consecutivo, ha indicado el sindicato en un comunicado.

Además han reseñado que "casi un millón y medio de personas en la región viven en riesgo de pobreza o exclusión social, unas 100.000 más que antes de la pandemia". "No nos resignamos a otra década de crecimiento de la desigualdad", ha advertido Paloma López, que ha destacado la importancia de recuperar salarios para revertir esta tendencia.

Paloma López ha denunciado públicamente que el crecimiento de la pobreza es "alarmante", igual que la "indiferencia" del Gobierno regional, para poner el foco en "la caída en los recursos destinados a combatir la pobreza parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Mientras en diciembre de 2019 había 22.543 familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI), los últimos datos indican que tan sólo 4.096 familias habían percibido esta ayuda autonómica en mayo de 2022", ha indicado la sindicalista.

Como consecuencia, "los niveles de pobreza en la Comunidad de Madrid son mucho más elevados que los de comunidades autónomas con niveles similares de PIB per cápita y sistemas de garantías de ingresos más desarrollados, como País Vasco (con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 16 por ciento) o Navarra (14,7)".

Para CC.OO. de Madrid resulta "inaceptable que en la región más rica de España, 500.000 personas vivan en situación de carencia material severa (un 7,4 por ciento de la población regional), de nuevo en proporción mucho mayor que otras regiones comparables (4,6 en País Vasco o 3,4 en Navarra).

El secretario de Políticas Sociales y Diversidad del sindicato, Manuel Rodríguez, ha tildado de "indignante que la presidenta regional siga recortando recursos a las personas más vulnerables para destinarlos a las personas más ricas, como hace con los cheques de ayuda a las familias que llevan a sus hijas e hijos a colegios privados".