miércoles, 27 de mayo de 2026 07:11

Economía

Sumar exige prohibir la venta de suelo y vivienda de Sareb o Defensa para frenar la especulación inmobiliaria

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para prohibir "de forma expresa" la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado, específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y el Ministerio de Defensa, para frenar la especulación inmobiliaria.
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una reunión del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, en el Congreso de los Diputados, a 4 de marzo de 2024, en Madrid (España).

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para prohibir "de forma expresa" la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado, específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y el Ministerio de Defensa, para frenar la especulación inmobiliaria.

Eso sí, la propuesta de Sumar aboga por permitir la transmisión gratuita de ese patrimonio de suelo y vivienda a otras entidades públicas, para su transformación en parque público de alquiler. Se trata de una iniciativa con la que el grupo plurinacional busca frenar la especulación y garantizar el acceso a una vivienda digna.

El grupo urge con su propuesta a adoptar una nueva cultura política de vivienda que se centre en garantizar el acceso al conjunto de la sociedad, regulando los precios de alquiler y ampliando el parque de vivienda pública, pero también frenando de raíz la "voracidad especulativa" de una "minoría social".

Sobre todo porque, a juicio de Sumar, es "obvio" que las actuales políticas de vivienda han fracasado y en España la compraventa por parte de "fondos buitre" y población no residente representa en ciudades como Alicante un 40% de las transacciones, un 38% en Santa Cruz de Tenerife, un 32% en Málaga, un 30,85% en Girona y un 31% en Baleares.

Contra estas prácticas, la formación de Yolanda Díaz también plantea una moratoria de tres años que no permita la compraventa de viviendas a fondos de inversión y población no residente, para frenar la especulación "particularmente en las ciudades más turísticas".

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