La fiscalía de Hannover presenta cargos contra el exdirector general de Continental por el 'dieselgate'

Lo acusa de complicidad en el fraude
La fiscalía de Hannover (Alemania) acusa al exdirector general de Continental, Karl-Thomas Neumann, por su complicidad en el 'dieselgate', el escándalo de manipulación de emisiones en algunos de los vehículos diésel del grupo automovilístico germano a través de un software.

Además, otros tres exdirectivos del proveedor germano están imputados, según recoge el escrito adelantado por medios locales consultados por Europa Press, a los que se acusa del presunto suministro unidades de las control del motor que contenían un software programado como dispositivo de parada según las especificaciones de Volkswagen.

Este software garantizaba que los vehículos con motor diésel EA-189 sólo cumplieran los límites legales de gases contaminantes en el banco de pruebas, pero no durante el tráfico.

Según la fiscalía, entre noviembre de 2008 y septiembre de 2015 se vendieron más de tres millones de vehículos con una unidad de control de motor de Continental que no debería haber sido homologada.

El que fuera consejero delegado de Opel (Stellantis) entre 2014 y 2017 y presidente de Volkswagen Group en China entre 2009 y 2012 tras su salida del fabricante de neumáticos y piezas para el automóvil, ha rechazado cualquier acusación vertida sobre él y asegura que no existe "ningún delito" que se le pueda reprochar.

MULTA MILLONARIA A CONTINENTAL
El pasado mes de abril, la misma fiscalía de Hannover multa a Continental con 100 millones de euros por su implicación en la manipulación de emisiones.

El motivo que se esgrimió para la imposición de la sanción contra la antigua división del grupo, Vitesco Technologies, que escindió en 2021, fue el incumplimiento negligente de su obligación de supervisión en el suministro y el software de unidades de control para vehículos diésel de Volkswagen.

La multa contempló una sanción de 5 millones de euros y la devolución en beneficios económicos por valor de otros 95 millones más para poner fin a las investigaciones que se pusieron en marcha en 2020.