miércoles, 27 de mayo de 2026 05:37

Economía

Canarias afirma que el "impago" del Estado por el descuento de residente "pone en riesgo" su conectividad

La directora general de Transportes y Movilidad de Canarias, María Fernández, ha asegurado que el "impago" del Gobierno de España a las operadoras por el descuento de residente para viajar "pone en riesgo" la conectividad del archipiélago.
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Archivo - María Fernández, en el registro de la candidatura de CC al Congreso de los Diputados

La directora general de Transportes y Movilidad de Canarias, María Fernández, ha asegurado que el "impago" del Gobierno de España a las operadoras por el descuento de residente para viajar "pone en riesgo" la conectividad del archipiélago.

"El Gobierno de Canarias ha estado trabajando de la mano con los sectores afectados por el impago del Ministerio desde diciembre del año pasado", ha dicho este viernes en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación.

En este sentido, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) señaló este jueves que el Gobierno tiene una deuda de 810 millones de euros con las aerolíneas que operan las rutas con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y que han adelantado el importe del descuento del 75% a los residentes insulares, mientras que el Estado indicó que eran unos 300 los millones que no había abonado.

Al respecto, lamentó que esta situación esté haciendo que algunas aerolíneas se estén pensando seguir conectando el archipiélago "por del retraso de los pagos".

Fernández matizó que este asunto no sólo afecta a las aerolíneas, sino que también perjudica a las agencias de viajes, a las navieras e incluso a determinados sectores que reciben subvenciones para transporte de mercancías.

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano --continuó-- y también de la mano del Ministerio haciéndoles entender que la conectividad de todo un archipiélago ultraperiférico ya no es una cuestión económica, sino que es una cuestión vital y es nuestra principal prioridad".

Para la directora general de Transportes, esto supone cuantías millonarias que hacen poner en riesgo no sólo la estabilidad de determinadas empresas, sino que está poniendo en riesgo la conectividad de todo el archipiélago.

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