Tribunal de Cuentas recomienda a Correos modificar su sistema de gestión y cumplir con requerimientos de CNMC

Competencia ha calculado una compensación superior a la esperada por Correos por prestar el servicio público postal en 2019

El Tribunal de Cuentas ha formulado diversas recomendaciones a Correos respecto a la prestación del llamado Servicio Postal Universal (SPU), entre las que figura modificar sus sistemas de gestión, al mismo tiempo que le insta a cumplir los requerimientos formulados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Tribunal ha realizado una fiscalización de la prestación por Correos del SPU y de su control por parte de la CNMC durante el ejercicio 2022, argumentando la relevancia de la prestación del servicio postal y de la labor de control asignada a la CNMC.

El informe de esta fiscalización constata que el modelo de financiación de la prestación del SPU "no ha funcionado del modo previsto" y que el objetivo pretendido por la Ley 43/2010 "no ha sido conseguido".

Esta ley preveía la elaboración y presentación por parte de Correos de su contabilidad y la cuantificación del coste neto de la prestación del servicio y encargaba a la CNMC su verificación para determinar el coste definitivo y la 'carga financiera injusta' compensable a Correos.

El informe subraya que el plan de prestación del SPU no fue aprobado hasta 2021, circunstancia que ha incidido de forma directa en el retraso en la revisión de los costes por parte de la CNMC.

Al no haberse logrado este objetivo, el informe concluye que la financiación de la prestación del SPU "no se está fundamentando en su coste contrastado, sino en la cuantía de las asignaciones presupuestarias establecidas al efecto en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que tienen el carácter de anticipo a cuenta de las liquidaciones finales de la carga financiera injusta que vaya aprobando la CNMC.

La Ley 43/2010 del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, designó a Correos como operador encargado de prestar el SPU en todo el territorio nacional durante un periodo de quince años.

El SPU incluye los envíos nacionales y transfronterizos (ordinarios y certificados) de cartas, tarjetas postales (hasta 2 kilogramos) y paquetes postales (hasta 20 kilos), servicios por los que recibe esa compensación económica.

La publicación por parte del Tribunal de Cuentas de este informe se produce el mismo día en el que la CNMC ha dado a conocer la cuantía del cálculo de la compensación a Correos por prestar el SPU durante 2019, siendo por primera vez superior ese cálculo al esperado por Correos de los nueve años analizados.

En concreto, Competencia ha aumentado en un 11,8% la compensación esperada por Correos por prestar el SPU en el año 2019, que cifra en 177,3 millones de euros, casi 19 millones más que los 158,6 millones que había calculado Correos.