El Parlament catalán avala el decreto de la tasa turística y aprueba tramitarlo como proyecto de ley

Rechaza el decreto que modificaba la atrasar a octubre la aplicación de las nuevas tarifas

El pleno del Parlament catalán ha avalado el decreto del Govern que modifica el impuesto de estancias en establecimientos turísticos y ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley, pero ha rechazado otro decreto que modificaba el primero, con el objetivo de que la tasa turística se comience a aplicar en octubre y no el 1 de mayo como estaba previsto.

La convalidación del primer decreto ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, ERC y Comuns y el voto en contra de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana, y la tramitación como proyecto de ley ha salido adelante con el 'sí' de PSC, ERC, Junts, Vox, Comuns, CUP y AC y el 'no' de PP.

Sin embargo, ha quedado derogado el decreto que modifica la entrada en vigor de la tasa, que pedía su aplicación a partir de octubre, con los votos a favor de PSC y ERC, y en contra de Junts, PP, Vox, Comuns, CUP y AC.

La modificación de este impuesto Duplica, y en algunos casos triplica, el importe de la tasa turística fijada por ley en 2017, por lo que en el caso de hoteles de cinco estrellas en Barcelona pasaría de 2,25 a 7 euros y de 2,25 a 6 euros en el resto de Catalunya.

Además, las viviendas de uso turístico duplicarían su tasa en toda Catalunya y los barcos con estancia de menos de doce horas pasarían de pagar 6 a 12 euros por día, y el decreto también permite que todos los ayuntamientos puedan aplicar recargos en las tarifas y establece una nueva distribución de los ingresos del impuesto.

En concreto, el 25% del dinero recaudado se destinará a políticas de vivienda de la Generalitat, y el 75% irá a fondos para el fomento del turismo, de los cuales el 50% irán a los municipios y el 20% al Consell General d'Aran.

DICTAMEN DEL CGE
Junts llevó este decreto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y este emitió un dictamen que recogía que las medidas planteadas en el texto no justificaban la urgencia para tramitarlo vía decreto, por lo que recomendó que se tramitase como proyecto de ley.

El Govern acordó con los Comuns la modificación de este impuesto, tras lo que también acordó con ERC tramitarlo como proyecto de ley y aplazar su aplicación, y los republicanos también han registrado por su cuenta una proposición de ley para modificar la tasa.

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que desde la creación de este impuesto en 2012 han seguido subiendo los turistas que llegan a Catalunya, por lo que "no ha generado un elemento negativo desde que se creó", y ha defendido que la tasa sirva para ayudar a compensar alguna de las externalidades negativas que comporta el turismo.

Ha explicado que el Govern "no quería generar inseguridad jurídica", por lo que decidió modificar la entrada en vigor del decreto para introducir algunos ajustes, textualmente, y también ha asegurado que cuando Jaume Giró (Junts) fue un conseller que aprobó 30 decretos, el alusión a la queja de Junts ante el CGE.

"DE ESPALDAS AL SECTOR"
El diputado de Junts Joan Canadell ha asegurado que no hay correlación entre la subida del precio de la vivienda y el turismo, y ha acusado al Govern gobernar "de espaldas al sector y los municipios" y de intercambiar con los Comuns la subida de este impuesto a cambio de investir a Salvador Illa.

Desde ERC, Laia Cañigueral ha defendido que se tramite como decreto ley, ha criticado que el decreto se fuese a aplicar el 1 de mayo, sin margen de adaptación para el sector, y también ha apostado porque haya una diferenciación territorial y estacional de la tasa y que no se aplique igual en hoteles y albergues juveniles.

Àngels Esteller (PP) ha acusado al Govern de estar "institucionalizando la turismofobia y comprando el relato de los Comuns" con la subida de esta tasa, y ha criticado que Romero dé por hecho que los turistas seguirán viniendo, tras lo que ha reprochado que no hayan hablado con el sector.

Desde Vox, Javier Ramírez ha afirmado que este aumento de la tasa "busca castigar al sector turístico y empobrecer a las familias y los empresarios" y lo ha calificado como un asalto a la libertad económica, al empleo y al bienestar de los catalanes.

ACUSACIONES A ERC
David Cid (Comuns) ha sostenido que el problema del turismo no es de falta de oferta sino que no encuentran trabajadores "porque no pagan suficiente", y ha acusado a ERC de defender la propuesta de la patronal de turismo y de rebajar la tasa turística negociada entre el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

La 'cupaire' Laure Vega también ha acusado a ERC de utilizar un argumento falaz: "Esperamos que los canapés que ponga Foment del Treball en los encuentros a los que no nos invitan valgan mucho la pena", y ha negado que esta tasa sea disuasoria del turismo, pero sí recaudatoria.

La líder de Aliança Catalana Sílvia Orriols ha lamentado que esta tasa afecta a todos los turistas "independientemente de su poder adquisitivo y previsiblemente desincentivará a viajeros con presupuestos más ajustados" y también considera que causará un impacto negativo en las zonas rurales y poco turísticas.

La diputada socialista Susanna Martínez ha defendido que el incremento de esta medida "garantiza derecho a la vivienda sin renunciar a un turismo de calidad", y ha reivindicado el decreto porque considera que sirven para hacer política útil y transformadora.