Escándalo por la OPA del BBVA sobre Sabadell: un bufete denuncia al Gobierno por excederse en sus funciones

El bufete acusa al Ejecutivo de haber actuado fuera del marco que establece la Ley de Defensa de la Competencia y de haber abierto una vía participativa que no corresponde a sus atribuciones en esta fase del procedimiento. Según alegan, se trata de una extralimitación que pone en riesgo la validez de todo el proceso y que podría sentar un precedente problemático para futuras operaciones estratégicas en España.

El núcleo del conflicto: ¿puede el Gobierno someter una OPA a consulta ciudadana?

Todo comenzó tras la aprobación, el pasado 30 de abril, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell. Esta aprobación, que se produjo por unanimidad, activó la llamada fase 3 del proceso, en la que el Ministerio de Economía dispone de 15 días laborables para analizar si la operación afecta al interés general y, en su caso, elevarla al Consejo de Ministros.

Sin embargo, el Gobierno decidió añadir un paso no previsto en la ley: una consulta pública para recoger la opinión de ciudadanos, empresas y organizaciones. Este procedimiento estuvo abierto entre el 6 y el 16 de mayo, mientras el Ministerio tenía de plazo hasta el 27 para tomar una decisión. El pasado martes, el Ejecutivo comunicó que elevaría la operación al Consejo de Ministros, donde debe resolverse en un plazo de 30 días naturales.

El recurso de Statera Legal sostiene que esta consulta pública se ha basado en cuestiones que exceden las competencias tanto del Ministerio como del propio Consejo de Ministros, y que no guarda relación con el análisis técnico que debe realizarse en esta fase.

Statera Legal: una consulta "ilegal", "inútil" y "sin garantías mínimas"

Según el recurso presentado ante la Audiencia Nacional, la consulta realizada no solo carece de respaldo legal, sino que plantea un problema mayor: puede suponer una infracción directa del artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia, que regula de forma clara el papel del Ejecutivo una vez que la CNMC se ha pronunciado.

El bufete denuncia además la falta de garantías del procedimiento. El formulario abierto por el Ministerio no requería verificación de identidad, lo que, a juicio del despacho, invalida cualquier dato recogido como argumento a favor o en contra de la OPA. También subraya que el Consejo de Ministros no tiene capacidad para imponer restricciones a la operación más allá de las que ya haya establecido la CNMC.

El escrito añade que “es inverosímil que se plantee una consulta que no es necesaria, que no tiene ninguna repercusión en la operación y que se lleve a cabo sin garantía alguna”. Por todo ello, solicita que se declare la nulidad de pleno derecho de la actuación del Ejecutivo, o al menos su anulabilidad.

Medidas cautelares urgentes: frenar al Gobierno antes de que actúe

Junto con el recurso, Statera Legal ha solicitado medidas cautelares para impedir que el resultado de la consulta tenga efecto en la decisión final del Consejo de Ministros. Dicha solicitud se transformó el pasado viernes en una medida cautelarísima, un recurso que requiere resolución urgente y que busca evitar que el Gobierno adopte una decisión antes de que el tribunal se pronuncie sobre la legalidad de la consulta.

Si la Audiencia Nacional aceptara la medida, el Ejecutivo podría verse forzado a paralizar su análisis y retrasar la decisión, con consecuencias imprevisibles sobre el calendario y la viabilidad de la operación.

Un choque entre poderes en el corazón del sistema financiero

Lo que inicialmente era una operación empresarial de gran envergadura se ha transformado en un pulso institucional con amplias implicaciones. El caso plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede el Gobierno incorporar mecanismos de participación social en decisiones que la ley reserva a órganos técnicos?

Si el recurso prospera, marcará un precedente relevante para el papel del poder ejecutivo en operaciones de concentración económica y limitará su margen de maniobra en situaciones futuras. También afectará la relación entre el Gobierno y los reguladores independientes, como la CNMC, cuya autoridad se vería reforzada si el tribunal confirma que el Ejecutivo ha ido más allá de sus atribuciones.

¿Qué está en juego para España?

La OPA de BBVA sobre Sabadell no solo reconfigura el mapa bancario nacional. Ahora también pone en cuestión la seguridad jurídica de las decisiones gubernamentales en materia económica y el respeto a la separación de competencias entre instituciones.

El desenlace de este conflicto será seguido muy de cerca por inversores, entidades financieras, autoridades europeas y operadores jurídicos. En juego está no solo una operación corporativa de enorme calado, sino también la arquitectura institucional que sustenta la regulación económica en España.