El Gobierno veta una ley de Vox para suprimir 1.800 millones en impuestos a la producción eléctrica y nuclear

El Gobierno ha vetado una proposición de ley que Vox presentó en el Congreso para suprimir los impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, la producción de combustible nuclear gastado y el almacenamiento de ese combustible por suponer una merma recaudatoria de 1.800 millones de euros para las arcas del Estado.

Acogiéndose al poder de veto por motivos presupuestarios que tiene reconocido en la Constitución, el Ejecutivo ha explicado que al tratarse de impuestos no armonizados a nivel comunitario, la supresión de esos tres impuestos deberá evaluarse en función de la situación económica, de sus efectos sobre la consolidación de las finanzas públicas y de las prioridades y objetivos perseguidos en materia medioambiental.

PP Y JUNTS INTENTARON ELIMINAR EL IMPUESTO ELÉCTRICO
Con respecto al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, PP y Junts ya intentaron eliminarlo mediante una enmienda que consiguieron meter a una ley en su fase de ponencia, pero el Gobierno después retiró del trámite parlamentario esa norma y truncó los planes de los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont.

En su escrito de disconformidad a la proposición de ley de Vox, al que ha accedido Europa Press, el Gobierno explica que este impuesto fue creado en 2103 con la administración de Mariano Rajoy y se aplica a todas las instalaciones de generación.

En concreto, es un tributo directo no armonizado que grava la capacidad económica de los productores de energía eléctrica cuyas instalaciones originan importantes inversiones en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para poder evacuar la energía que vierten a las mismas.

"Comportan, por sí o como resultas de la propia existencia y desarrollo de tales redes, indudables efectos medioambientales, así como la generación de muy relevantes costes necesarios para el mantenimiento de la garantía de suministro", apostilla el escrito del Ejecutivo.

Respecto a la eliminación del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, y del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, el Ejecutivo explica que son impuestos medioambientales de carácter directo y naturaleza real, no armonizados.

DESTACA LOS "INDUDABLES EFECTOS MEDIOAMBIENTALES" DE LA NUCLEAR
Ambos impuestos tienen por objeto compensar a la sociedad por los "indudables efectos medioambientales" que debe soportar como consecuencia de la generación de energía eléctrica mediante la utilización de energía nuclear.

El Gobierno dice que la generación de energía eléctrica mediante la utilización de energía nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres, debido a las peculiaridades inherentes a este tipo de energía, tales como la gestión de los residuos radiactivos generados, cuyo impacto económico es "difícil de evaluar".

Por estos motivos, el Gobierno ha decidido vetar la propuesta legislativa de la formación de Santiago Abascal por suponer para el Estado una pérdida estimada de 1.800 millones de euros, que es la recaudación media de los impuestos medioambientales en años en los que no hubo ninguna medida.