¿Por qué discrepan el Gobierno y la AIReF sobre el gasto en pensiones? Saiz responde en el Congreso

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha reconocido este lunes "diferencias técnicas" con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) respecto al análisis del gasto en pensiones. Lo ha hecho en una intervención ante la Comisión del Pacto de Toledo, en la que ha defendido la independencia del organismo presidido por Cristina Herrero, aunque ha cuestionado parte de su metodología.

Choque técnico sobre los ingresos: el Estado y Bruselas, en posiciones opuestas

En el centro del conflicto está la inclusión por parte de la AIReF de transferencias estatales equivalentes al 0,3% del PIB en la casilla de ingresos del sistema público de pensiones. Sin embargo, la Comisión Europea ha exigido al Gobierno español que excluya esta partida, lo que complica que España cumpla con los límites exigidos para considerar que el sistema es sostenible.

Aunque la ministra no se ha pronunciado directamente sobre esta exigencia de Bruselas, sí ha advertido que el Gobierno discrepa con algunos de los cálculos de ingresos de la AIReF, acusando a la entidad de aplicar estimaciones "conservadoras" que —según Saiz— infravaloran el impacto positivo de la reforma laboral y del nuevo sistema de cotización de autónomos.

Aun así, Saiz ha recalcado que el Ejecutivo respeta la autonomía de la AIReF:

“Es una institución independiente. Le corresponde diseñar su propia metodología para valorar los impactos, incluido el gasto de las transferencias. No condicionamos ni interferimos en su trabajo”, ha declarado.

Europa impone adelantar el examen a 2026 ante el ajuste milimétrico del gasto

La presión no solo viene por el lado de los ingresos. Tras conocer que el gasto en pensiones está apenas una décima por debajo del tope permitido (13,2% frente al 13,3% del PIB), Bruselas ha exigido adelantar el segundo examen previsto para 2028 al año 2026.

Este control adelantado busca asegurar que el sistema no se desborde, dado lo ajustado del margen actual. La ministra ha intentado dar una lectura positiva de esta decisión, señalando que servirá para contar con una imagen más precisa y actualizada de la sostenibilidad del sistema:

“El primer examen ha sido superado con éxito”, ha afirmado.

“La cláusula no es una amenaza, es una garantía”

La ministra también ha defendido la cláusula de cierre incluida en la última reforma de pensiones, un mecanismo diseñado para activar ajustes en ingresos o gastos si los niveles de gasto se desvían del objetivo.
Frente a quienes temen su aplicación, Saiz ha lanzado un mensaje de calma:

“No debemos ver que la activación de la cláusula pudiera ser algo catastrófico. Está precisamente para dar certidumbres, no para generar miedo, y eso es lo que tenemos que transmitir a la ciudadanía”.

Contexto: pensiones bajo vigilancia europea

La cláusula que ahora se pone bajo foco fue establecida como garantía en la reforma de pensiones pactada con Bruselas en el marco de los compromisos del Plan de Recuperación. Su aplicación obligaría al Gobierno a tomar medidas correctivas si el gasto se dispara por encima del umbral fijado.

En este escenario, la combinación de una metodología cuestionada, las nuevas exigencias de la UE y la presión demográfica proyectan una tensión creciente sobre el sistema de pensiones, que será evaluado antes de lo previsto. Todo esto ocurre en un momento de sensibilidad social máxima sobre el futuro del modelo público y la viabilidad de mantener el poder adquisitivo de los jubilados.