Auditores alertan de los riesgos de elevar los límites para que las empresas tengan que auditar sus cuentas

Implicaría una disminución en la cantidad de empresas auditadas, estimándose una reducción directa de aproximadamente 4.000

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Consejo General de Economistas (CGE) han advertido de los riesgos de elevar los límites para que las empresas tengan que auditar sus cuentas.

El Gobierno presentó recientemente un anteproyecto de Ley que modifica los límites para que una empresa tenga que ser auditada de forma obligatoria. Ello está generando una gran preocupación entre los auditores de cuentas por la reducción de informes y lo que ello supondría de merma en la transparencia económica.

En este sentido, los auditores han alertado de que es un error considerar su trabajo como una carga administrativa cuando se trata de una herramienta que mejora la eficiencia. "La medida iría en detrimento de la lucha contra la economía sumergida y de la protección de los accionistas minoritarios", han alertado en un escrito en contestación a la consulta planteada por el Ministerio de Economía.

Según sus estimaciones, la aprobación en los términos propuestos implicaría una disminución en la cantidad de empresas auditadas, estimándose una reducción directa de aproximadamente 4.000.

Además, han señalado que la propuesta no genera ahorros significativos en las pymes españolas, sino todo lo contrario, ya que todos los avances en control interno dejarían de aplicarse pudiendo generar mayores costes en las empresas a medio plazo.

Por todas estas razones el ICJCE y el CGE han acordado solicitar al Gobierno y a las principales fuerzas políticas la retirada de la propuesta y han mostrado su predisposición a dialogar con todas las instituciones para corregir este error antes de que el texto sea objeto de debate y aprobación en las Cortes.

"Existen algunas voces en el ámbito empresarial y político que siguen confundiendo la auditoría de cuentas, que es una herramienta de gestión y para la mejora de la eficiencia, con una carga administrativa. Este error puede hacer que la transparencia en España, que ha tardado más de una década en recuperarse de los efectos de la última gran crisis financiera, que supuso la pérdida de unas 10.000 empresas auditadas, sufra un retroceso significativo" ha señalado el presiente del ICJCE, Víctor Alió.

En la misma línea se ha expresado el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, ha hecho hincapié en uno de los aspectos recogidos en las alegaciones presentadas al Ministerio por la corporación que preside.

Según Vázquez Taín, no se puede permitir que, en aras de un supuesto ahorro de costes para las empresas, especialmente para las pequeñas y las medianas, se comprometa la transparencia del sistema económico. "Los beneficios de la auditoría de cuentas -para el interés general, para el control fiscal y para la buena gobernanza de las compañías- superan con creces sus costes", ha señalado.