sábado, 14 de junio de 2025 16:47

Economía

La Xunta muestra su "decepción" por el aval de la justicia europea al veto al arrastre y estudiará recurrir

La Consellería do Mar ha mostrado su "decepción" por la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en la que desestima el recurso interpuesto por la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Burela y 16 compañías armadoras propietarias de 21 buques afectados por el veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico Nororiental.
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La nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante el acto de su toma de posesión en Pazo de Raxoi, a 5 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña (España). Marta Villaverde toma posesión de su car tras la dimisión del anterior conselleiro

La Consellería do Mar ha mostrado su "decepción" por la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en la que desestima el recurso interpuesto por la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Burela y 16 compañías armadoras propietarias de 21 buques afectados por el veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico Nororiental.

En un comunicado, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha hecho una valoración muy negativa de esta resolución que reconoce que el impacto del palangre de fondo es menor respecto a las artes de fondo móviles (arrastre), y que señala "la importante envergadura de las zonas tapón" en las que se prohíbe la pesca. Con todo, lamenta que estos elementos no parecen ser suficientes para estimar los recursos.

Así, subraya el apoyo de la Xunta al sector, a quién acompañó el Gobierno gallego, al tiempo que apunta que la sentencia, debido a su extensión y complejidad, continuará siendo analizada en detalle en los próximos días para "estudiar la posibilidad de recurrirla junto con los demandantes".

La Xunta participó en este procedimiento en calidad de coadyuvante de la parte demandante en el que acercó información relevante respecto a que la actividad pesquera de la flota de palangre no causaba efectos adversos significativos en los ecosistemas marinos vulnerables. También aportó información sobre el impacto económico y social de esta decisión que afecta a más del 25% de la flota, unas 200 embarcaciones de manera directa y 946 de artes menores de forma indirecta.

También señala que esta decisión judicial deja en evidencia la necesidad de cambiar las políticas pesqueras desarrolladas en el anterior mandato comunitario hacia un mayor equilibrio entre los factores ambientales, económicos y sociales.

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