El Gobierno intentará aprobar en julio la Ley de Movilidad Sostenible, encallada por la crisis de corrupción

El Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias en julio para aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación encalló hace una semana en la Comisión de Transportes por la tensión política derivada del caso 'Koldo' y las reticencias de Podemos al texto.

La norma llegó a superar en el Congreso el trámite en ponencia, que es una de las primeras fases parlamentarias en la que los grupos se reúnen a puerta cerrada para introducir los primeros cambios legislativos mediante enmiendas al articulado.

Lo habitual es que esta fase se resuelva en una reunión, pero la gran cantidad de enmiendas registradas al texto y las diferencias de los grupos obligaron a realizar hasta tres convocatorias, que se resolvieron con más 130 enmiendas introducidas al texto.

Una de las medidas más relevantes que se introdujeron en ese trámite es una reforma auspiciada por Sumar para que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses sea pactado con las comunidades autónomas y que, en las paradas que se supriman, sea el Estado quien les compense económicamente.

LA COMISIÓN QUE IBA A APROBARLA SE DESCONVOCÓ A ÚLTIMA HORA
Sin embargo, la Comisión de Transportes que iba a debatir el 18 de junio el proyecto de ley, lo que en la práctica supondría el penúltimo paso del trámite parlamentario, fue desconvocada a última hora por el clima de tensión política acrecentado por las últimas informaciones que señalan a los exsecretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en presuntos casos de corrupción.

Fuentes de la comisión apuntaban que el actual panorama ha sido el determinante para desconvocar la Comisión, más si cabe cuando se trata de una ley que depende del Ministerio de Transportes y Ábalos fue jefe de este departamento.

Y a esto se suma que Podemos, cuyo voto será determinante en el Pleno, ahora mismo es crítico con el texto que ha salido de ponencia, dado que no cumple con los mínimos que piden los colectivos ecologistas y tampoco blinda el transporte público gratuito.

Así las cosas, el Gobierno ha remitido al Congreso una solicitud, a la que ha accedido Europa Press, para habilitar en julio las sesiones extraordinarios de los órganos parlamentarios "que sean necesarios" para tramitar y aprobar la norma, de la que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

SE LLEVA INTENTANDO APROBAR DESDE LA LEGISLATURA PASADA
La norma viene de la legislatura pasada, cuando se aprobó en Consejo de Ministros y llegó a desembarcar en el Congreso para iniciar su trámite parlamentario. Sin embargo, el adelanto electoral del pasado año y la consecuente disolución de las Cortes no permitió completar su tramitación.

En este escenario, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recuperó el mismo texto que comenzó a tramitarse en la legislatura pasada y se comprometió a que entrara en vigor antes de que finalizara 2024. Sin embargo, la difícil aritmética parlamentaria del Congreso ralentizaron los planes del Gobierno y todavía está pendiente su aprobación.

Algunas de las medidas que incluye el texto es el compromiso del Gobierno para hacer un estudio con el que revisará las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), de modo que en estas se incluyan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional.

A su vez, el texto recoge una medida, auspiciada por Junts, para conceder beneficios fiscales al Mobile World Congres (MWC) para mantener su celebración en Barcelona.