Las ayudas de 20 céntimos por combustible costaron 6.288 millones al Estado, según el Tribunal de Cuentas

El Tribunal dice que la AEAT se excedió en el abono de 7,7 millones a Navarra, al no considerar bien anticipos pendientes de cancelación

Las ayudas de veinte céntimos por litro de combustible desplegadas para toda la ciudadanía en 2022 por el impacto económico de la guerra en Ucrania costaron un total de 6.288 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, según un reciente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Es la principal conclusión que ha dejado el informe de fiscalización sobre la bonificación extraordinaria y temporal del precio de los combustibles y aditivos para automoción, aplicada entre abril y diciembre de 2022 en respuesta al impacto económico de la invasión de Ucrania.

La medida se reguló mediante el decreto ley 6/2022 y consistió en una ayuda directa de 20 céntimos por litro para todos los consumidores, que tuvo un coste final de 6.288 millones de euros con cargo a los Presupuestos, según los cálculos del Tribunal de Cuentas.

El organismo explica que en su fiscalización ha analizado la planificación, gestión y control de esta medida, centrando su revisión en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Consumo.

A pesar de que la cobertura presupuestaria de la bonificación estaba prevista en la misma norma de su implantación, el Tribunal ha detectado algunos defectos, como dotar créditos extraordinarios con "cantidades simbólicas" que obligó a ir ampliando esos mismos créditos para conceder las ayudas. También apunta que la financiación de los créditos presupuestarios no siguió las reglas de la Ley General de Presupuestos.

SE DESPLEGÓ CON RAPIDEZ Y SIN INCIDENCIAS
La institución presidida por Enriqueta Chicano apunta en su informe que la medida se implementó "con rapidez y sin incidencias" destacadas, gracias al papel asumido por los suministradores minoristas como colaboradores de la Administración en la aplicación del descuento.

El organismo destaca que esta actuación "no habría sido posible" sin la implicación de todo el sector de suministradores minoristas de combustibles, a los que se asignó el papel de colaboradores con la Administración.

No obstante, el Tribunal advierte que el diseño normativo presentaba algunas lagunas e incorrecciones, al incluir controles de difícil aplicación (como los relativos al aditivo AdBlue o la exclusión de embarcaciones de recreo) y una distribución de competencias insuficiente entre los distintos organismos.

Entre los hallazgos más relevantes, el Tribunal señala que la AEAT se excedió en el abono de 7,7 millones de euros a la Hacienda Foral de Navarra, al no considerar correctamente anticipos pendientes de cancelación. Asimismo, se han identificado ambigüedades en la normativa sobre la cofinanciación por parte de operadores mayoristas, con un impacto presupuestario de hasta 532 millones de euros que repercutió a favor de los consumidores finales.

Como es habitual, el Tribunal ha dejado una serie de recomendaciones en su informe, entre las que destaca mejorar los sistemas de gestión de devoluciones tributarias en la AEAT y reducir los registros manuales cuando sea posible la automatización, así como establecer controles simples y eficaces que garanticen la calidad de la información que se remite periódica y obligatoriamente a la Administración.