El PNV exige al Gobierno dejar de "obstaculizar" al consorcio liderado por Sidenor para comprar Talgo

El PNV ha exigido al Gobierno que "deje de obstaculizar" y de poner "dificultades" a la operación de compra del 29,7% del accionariado de Talgo por parte de un consorcio de inversores vascos liderado por Sidenor.

Fue el pasado febrero cuando Sidenor presentó una oferta de 155 millones junto con BBK, Vital y el Gobierno vasco, a través de Finkatuz, para adquirir esa participación en la empresa ferroviaria. Sin embargo, el PNV dice que el Ejecutivo está poniendo dificultades para que Talgo mantenga su arraigo en Euskadi, donde tiene una de sus plantas más importantes en Rivabellosa, en Álava, de la que viven alrededor de 700 familias.

El Ejecutivo, a través de la SEPI, se comprometió inicialmente a apoyar la operación vasca y fortalecer a la empresa mediante un préstamo convertible de cerca de 150 millones de euros para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras. Posteriormente, propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno vasco junto a otras entidades privadas, de los 75 restantes.

El PNV asegura que el Gobierno liderado por Imanol Pradales "hizo los deberes" para hacer frente a esta propuesta, reuniendo en el consorcio a entidades privadas que favorecen la solvencia de la operación, y renegociando el interés del préstamo en favor de Talgo. Sin embargo, la SEPI ha decidido finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial y exige al consorcio vasco que modifique la fórmula de acceso a Talgo una vez más.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que "si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso. "Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos", ha enfatizado Vaquero.

Para remachar su discurso, la portavoz ha recordado que detrás de esta propuesta "hay mucho trabajo detrás, muchos cálculos y, sobre todo, muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido".