CCOO y UGT dicen que el debate sobre la indemnización por despido "no está cerrado" tras el fallo del Supremo

UGT acudirá al Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia Europeo "en defensa de las personas trabajadoras"

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han asegurado que el debate sobre la indemnización por despido "no está cerrado" tras el fallo del Supremo de este miércoles y han avisado que esta sentencia del Alto Tribunal "desprotege el contrato de trabajo" en España.

A través de dos comunicado, ambos sindicatos han lamentado el pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocido esta mañana por el que se afirma que la indemnización por despido injusto regulada en el Estatuto de los Trabajadores es suficiente.

El texto de la sentencia no es conocido, pero sí se han hecho públicos los elementos básicos que sirven para fundamentar la misma mediante una nota de prensa, en la que el Supremo niega toda eficacia a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que ha determinado en dos ocasiones -- tanto en una demanda de CCOO como de UGT -- que la legislación no ampara adecuadamente a las personas trabajadoras de los despidos injustos y arbitrarios y que queda muy lejos de los estándares de protección exigidos por el artículo 24 de la Carta Social Europea.

Desde CCOO han recordado que el derecho a una indemnización adecuada o a una reparación apropiada en estos casos "no es un principio programático de la Carta Social Europea". "Este tratado internacional clasifica el citado artículo 24 como una obligación jurídica de los Estados y, por ende, de todos sus poderes, incluido el judicial", recalcan.

Así, CCOO ha asegurado que España, al ratificar la Carta Social Europea revisada, asumió como propia dicha obligación y quedó voluntariamente vinculada al sistema de supervisión del cumplimiento de la Carta.

Esto, según indican desde el sindicato, significa que "queda sometida a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales como órgano competente, establecido por el propio tratado, para determinar si los Estados cumplen o no con sus obligaciones en relación con la Carta Social Europea y, por lo tanto, para determinar si en España la protección por despido es o no es adecuada".

"Así viene siendo reconocido por el propio Tribunal Constitucional, por el Consejo de Estado y por una amplia mayoría de la doctrina más especializada", ha recalcado CCOO.

"No es nueva la resistencia de nuestros tribunales a comprender integrado nuestro ordenamiento por tratados internacionales de contenido social y a aceptar la competencia en materia de interpretación y control de los órganos regulados para dicho cometido en esos tratados", ha expuesto el sindicato, que, sin perjuicio de la valoración más exhaustiva que proceda cuando se haga pública la sentencia, considera que con esta sentencia se pretende "evitar la judicialización que va a propiciarse por la última decisión del CEDS".

"Esta decisión perfila claramente los elementos que ha de tomar en cuenta el órgano judicial para compensar a las personas trabajadoras y disuadir a las empresas de adoptar despidos injustos. Entre estos elementos se encuentran la compensación completa por daños materiales y morales, la valoración de los salarios de tramitación y la toma en consideración de la readmisión como resarcimiento adecuado", ha indicado.

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha declarado que el Estatuto de los Trabajadores infringe la Carta Social Europea, para CCOO esto obliga a España a "reformar la legislación sobre despido para acabar con la desprotección frente a los despidos injustos y a los tribunales a resolver las reclamaciones conforme al contenido de la Carta".

UGT DICE QUE EL FALLO RESPONDE A UNA LÓGICA "PURAMENTE EMPRESARIAL"
Por su lado, desde UGT han pedido "no convertir en papel mojado" la ratificación de España de la Carta Social Europea, ya que esto "debilita la seguridad jurídica, desprestigia nuestras instituciones y cuestiona el valor de los compromisos internacionales ratificados por España".

"Desoír lo resuelto por el órgano de garantías de la Carta Social Europea en un procedimiento contradictorio al que España se comprometió a acatar, supone una regresión en la tutela de derechos fundamentales", recalcan.

Para UGT, la sentencia responde a una lógica "puramente empresarial, que desconoce el desequilibrio estructural de poder en las relaciones laborales y legitima un modelo de despido libre, barato e injusto".

Además, UGT ha indicado que al Estado no incumplir de "forma persistente" la Carta Social Europea revisada, una norma ratificada, sin vulnerar el artículo 96 de la Constitución Española.

Por ello, han asegurado que acudirán tanto a las instancias nacionales (Tribunal Constitucional), como internacionales (Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que dependen del mismo Tratado del Consejo de Europa, como al propio CEDS en defensa de las personas trabajadoras, y en lo que entienden que es el debido respeto a las normas internacionales de derechos humanos.