El Ejecutivo aprobará esta semana la condonación de 83.000 millones de deuda de las CCAA

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. La iniciativa surge de acuerdos políticos recientes y tiene como objetivo aliviar la carga financiera de las regiones más endeudadas. Andalucía y Catalunya concentran la mayor parte del beneficio, con 18.791 y 17.104 millones respectivamente, superando entre ambas el 43% del total. Sin embargo, esta medida debe pasar ahora por el Parlamento para convertirse en ley.

Distribución de la condonación y regiones beneficiadas

El reparto de la condonación se basa en la deuda acumulada y la situación financiera de cada comunidad autónoma. Andalucía y Catalunya lideran el listado, seguidas por la Comunidad Valenciana, que recibirá más de 11.000 millones, y Madrid, con cerca de 8.600 millones. Comunidades como Castilla-La Mancha y Galicia también verán reducida su deuda, con cifras que superan los 4.000 millones, mientras que otras regiones, como Castilla y León, Murcia, Canarias, Aragón, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja, recibirán cantidades menores, ajustadas a su nivel de endeudamiento.

Por su parte, Euskadi y Navarra no participan en este mecanismo al regirse por un sistema fiscal foral, aunque ya han planteado alternativas para recibir compensaciones similares a través de sus propias estructuras financieras.

Procedimiento parlamentario y apoyos

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto se enviará a las Cortes Generales para continuar su tramitación. En febrero, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la propuesta salió adelante gracias al apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE. Las regiones del PP se ausentaron de la votación, lo que el Gobierno interpretó como una abstención implícita, confiando en que finalmente se acogerían a la medida si se aprueba.

“Consideramos que algunos territorios, aunque critiquen la medida, finalmente se acogerán a ella si sale adelante”, han señalado fuentes del Ministerio de Hacienda. Aún así, el apoyo parlamentario no está asegurado, ya que algunos socios, como Junts, han expresado dudas sobre la extensión de la condonación a todas las comunidades.

Método de cálculo de la condonación

La metodología diseñada por Hacienda para determinar el importe de la condonación consta de tres fases. En la primera se compara la deuda acumulada entre 2009 y 2013 con la registrada entre 2019 y 2023, generando así una condonación media del 19% de la deuda autonómica vigente al cierre de 2023.

En la segunda fase se realiza un ajuste adicional para aquellas comunidades que quedan por debajo de la media, con el objetivo de equilibrar la distribución y corregir posibles desequilibrios. “Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios”, ha explicado la ministra María Jesús Montero.

La tercera fase contempla dos ajustes complementarios. Primero, se fija un importe de referencia por habitante ajustado, tomando como ejemplo la Comunidad Valenciana, y se eleva la condonación de otras comunidades que registran un nivel inferior. En segundo lugar, se otorga un beneficio adicional a aquellas comunidades que han ejercido competencias normativas sobre el IRPF por encima de la media entre 2010 y 2022, lo que permite un ajuste de hasta el 10%, y del 5% para las que se sitúan por debajo de esa media.

Impacto económico y político

Esta condonación permitirá a las comunidades reducir significativamente su carga financiera y liberar recursos para inversión y servicios públicos esenciales. Andalucía y Catalunya se colocan como las principales beneficiarias, lo que podría tener un efecto destacado en sus presupuestos y en la gestión de políticas regionales.

Políticamente, la medida refuerza la capacidad del Gobierno para cumplir compromisos con socios parlamentarios y para mejorar la percepción de gestión económica ante la ciudadanía. La decisión final de acogerse o no a esta condonación recae en los gobiernos autonómicos, y su adopción podría marcar la agenda política y fiscal de los próximos meses.