miércoles, 3 de septiembre de 2025 15:04

Economía

UGT recurrirá al Constitucional la sentencia del Supremo sobre el despido: "El TC tiene mucho que decir"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso después de que el Tribunal Supremo (TS) haya dictado sentencia en la que establece que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores no puede verse incrementada en "vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso".
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Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso después de que el Tribunal Supremo (TS) haya dictado sentencia en la que establece que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores no puede verse incrementada en "vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso".

"Lo vamos a presentar de la mano de la persona que perdió la sentencia. Ya hemos estado trabajando con el abogado que se lo lleva y, por tanto, vamos a presentar recursos en el Constitucional", ha confirmado Pepe Álvarez en declaraciones a los medios este miércoles durante una rueda de prensa por el inicio del curso político, en la que ha indicado que previsiblemente CCOO les acompañará en "esta aventura".

En este sentido, el sindicalista ha asegurado que el Constitucional tiene "mucho que decir" sobre la cuestión, ya que el fallo del Supremo incide sobre dos convenios ratificados por España, uno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otro del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

Álvarez ha trasladado su discrepancia con el fallo del Supremo que, a su juicio, "carece de sentido jurídico", y ha indicado que la legislación española debe cumplir con la Carta Social Europea, un convenio internacional ratificado por España.

"Vamos a dar esa batalla, que esperemos que la podamos ganar, y por tanto, volver a la casilla de partida, que es que los tribunales españoles interpreten la resolución del Comité Europeo de Derecho Sociales sin que tenga en cuenta esta última resolución", ha expuesto.

Asimismo, el sindicalista ha reiterado que exigirán al Gobierno que plantee este tema en una mesa tripartida, porque "hay que cambiar la legislación española" y adecuarla a la Carta Social Europea.

El pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó el pasado julio sentencia en la que establece que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) no puede verse incrementada en "vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso".

El Supremo indicó que no se puede incrementar vía judicial esta indemnización sin que ello suponga ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.

De esta manera, el Tribunal Supremo avala lo dictado en una sentencia del pasado diciembre, donde el pleno de su Sala Cuarta ya indicó por "unanimidad" que la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 33 días de salario por año de servicio "no puede verse incrementada en vía judicial" sin que ello suponga una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En esta nueva sentencia, el Supremo considera que, al igual que hizo en relación con el Convenio 158 OIT, la expresión derecho a una "indemnización adecuada", que reitera el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, resulta "literalmente inconcreta".

Por ello, el alto tribunal entiende que no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de "declaraciones programáticas, de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa".

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