CSIF reclama a Hacienda que incluya en el proyecto de PGE la subida del salario de los funcionarios

También demanda la recuperación del poder adquisitivo perdido, la jornada de 35 horas o la jubilación anticipada

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha dirigido formalmente a la vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que habilite el crédito necesario para atender, entre otras cuestiones, el incremento de las retribuciones del conjunto de empleados públicos, conforme al IPC y con efectos retroactivos a 1 de enero de 2025.

Según un comunicado del sindicato, el envío de esta carta formal coincide con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden por la que se dictan las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

CSIF ha explicado que, a partir de ahora, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal deberán remitir sus presupuestos antes del 12 de septiembre de este año.

"Desde CSIF, aprovechamos dicho trámite para reiterar en la necesidad de que la nueva norma presupuestaria incluya medidas para la mejora de las condiciones económicas del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo que sin duda redundará en la mejora de nuestros servicios públicos y en el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar, la protección del capital humano con el cuentan nuestras Administraciones y los derechos de las personas trabajadoras, todos ellos criterios establecidos en la propia norma de presupuestación", ha indicado el sindicato.

OTRAS RECLAMACIONES DE CSIF
En cuanto al resto de reclamaciones, CSIF exige la recuperación del poder adquisitivo perdido, que se sitúa actualmente en más de un 20%, y la recuperación del régimen retributivo previo a los recortes del año 2010, percibiendo el 100% de las pagas extra.

El sindicato también solicita una equiparación salarial para el conjunto de empleadas y empleados públicos pertenecientes al mismo cuerpo y escala, independientemente del ámbito territorial o administración donde desarrollen sus funciones para acabar con las "desigualdades retributivas existentes en la actualidad".

A su vez, CSIF demanda una adecuación de los grupos profesionales conforme a la ley; la carrera profesional para el conjunto de empleadas y empleados públicos; la actualización de la indemnización por razón del servicio, tanto en lo referente a las cuantías por manutención y pernocta como por el uso del vehículo particular; y la homologación retributiva del personal laboral en el exterior, actualizando sus retribuciones conforme al poder adquisitivo de cada país.

Otros temas que reclama son la actualización de las indemnizaciones por residencia cuyas cuantías llevan más de 25 años sin revisarse, estableciendo cuantías homogéneas independientemente del territorio de que se trate, y la regulación de que al amparo de la negociación colectiva se puedan suscribir acuerdos que impliquen incrementos retributivos superiores a los establecidos en la propia norma presupuestaria.

El sindicato solicita la eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público, permitiendo que las administraciones públicas puedan adaptar las diferentes ofertas de empleo público a la planificación de recursos humanos y necesidades reales de cada ámbito.

CSIF pide, asimismo, la flexibilización de la promoción interna, eliminando los actuales procesos selectivos, de tal manera que la promoción interna se vincule a la superación de un curso selectivo; además del establecimiento de la jornada laboral de 35 horas para el conjunto de administraciones públicas, para "evitar una diferencia de trato entre empleados públicos".

Igualmente, el sindicato insta a la regulación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como su aplicación para el conjunto de empleadas y empleados públicos independientemente de la Administración en la que prestan sus servicios.

Por otro lado, CSIF reivindica la aplicación de la jubilación anticipada por razón de la actividad para aquellos colectivos cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre.

En su carta formal, el sindicato reclama el incremento de los haberes reguladores de las pensiones del régimen de Clases Pasivas, de tal manera que su cuantía se homogenice a la cuantía que se percibe en las pensiones del Régimen General de Seguridad Social; y la regulación de la jubilación voluntaria a los 60 años en el Régimen General de la Seguridad Social.