El PP acusa a la Ley de Vivienda de vaciar 120.000 pisos y exige su derogación inmediata

El PP responsabiliza a la Ley de Vivienda, aprobada en 2023 por PSOE, Podemos, ERC y Bildu, de generar “inseguridad jurídica” que ha llevado a propietarios a vender, retirar sus inmuebles o destinarlos al alquiler temporal. Esta situación, según la formación, ha provocado una presión desproporcionada sobre la oferta, incrementando precios y dificultando el acceso a la vivienda para la clase media.

“El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras, la clase media, está siendo expulsada de los centros urbanos”, denuncian desde el PP.

La moción, derivada de una interpelación urgente de Feijóo a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, busca la derogación total de la ley, calificándola de intervencionista y perjudicial para la estabilidad del sector.

Catalunya como laboratorio del efecto negativo

Catalunya se presenta como ejemplo de los efectos más visibles de la ley. Fue la primera comunidad autónoma en implementar mecanismos de control de precios de alquiler. Según datos de Idealista recopilados por el PP, los alquileres en la región han aumentado un 8,7% en el último año, y de cada tres viviendas retiradas del mercado español, una corresponde a Catalunya.

En Barcelona, la situación se agrava: “por cada piso anunciado hay 341 solicitudes, frente a las 77 que había antes de la entrada en vigor de la norma”. La formación advierte que esta situación evidencia que la ley no ha logrado su objetivo de controlar los precios, sino que ha generado escasez y desigualdad en el acceso a la vivienda. 

La lucha contra la ocupación ilegal

La moción también aborda la creciente problemática de la ocupación de viviendas, conocida como “okupación” o inquiocupación. Según el Instituto de Estudios Económicos, hay actualmente unas 100.000 viviendas ocupadas de forma ilegal en España. Además, el 30% de las víctimas no denuncia, debido a que los procesos judiciales pueden prolongarse hasta 18 meses.

El PP exige medidas urgentes: “las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean expulsadas en un plazo de entre 24 y 48 horas”, integrando esta propuesta como parte de su estrategia para garantizar seguridad jurídica y protección de los propietarios.

Propuestas de reforma y estímulo al alquiler

Más allá de la derogación, el PP propone incentivos fiscales dirigidos a jóvenes y familias, y la creación de un “Proyecto Residencial Estratégico”. Esta figura permitiría unificar los trámites de planeamiento, gestión y construcción, reducir los plazos de diez a cuatro años y garantizar que la mitad de las nuevas viviendas sean asequibles.

Estas medidas buscan aumentar la oferta, abaratar los precios y ofrecer alternativas reales al alquiler privado, al tiempo que se protege a los propietarios frente a la ocupación ilegal y la incertidumbre normativa.

Comparativa nacional y contexto histórico

El Partido Popular sostiene que la escasez de oferta y el incremento de precios se han acentuado tras la aprobación de la ley, sobre todo en zonas urbanas densamente pobladas como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La retirada de inmuebles del alquiler formal ha generado un incremento paralelo de ocupaciones ilegales y del mercado temporal, creando un desequilibrio que, según el PP, podría haberse evitado con reformas que prioricen la seguridad jurídica y la construcción de vivienda asequible.

“La ley no solo falla en proteger a los arrendatarios, sino que expulsa a los propietarios y genera efectos colaterales que agravan la crisis habitacional”, remarca la formación.