El Gobierno abre a participación pública el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

Se podrán realizar aportaciones hasta el día 7 de octubre
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado el proceso de audiencia pública del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que posibilita un acuerdo con las comunidades autónomas para su desarrollo, de manera que se podrán realizar aportaciones hasta el día 7 de octubre.

En este proyecto normativo se regulan instrumentos de financiación y ayudas, estatales, a implementar en colaboración con las administraciones autonómicas para favorecer el acceso a la vivienda de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley por el derecho a la vivienda.

Las aportaciones presupuestarias previstas en el Plan se destinan al fomento del incremento de la oferta de vivienda social, protegida y asequible, al fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y de la regeneración y renovación urbana y rural y a la financiación de ayudas para reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda, así como para impulsar la emancipación de las personas jóvenes.

El Gobierno de España ha planteado un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 alineado con el clamor social a favor de un acuerdo entre todas las administraciones competentes para movilizar todos los recursos necesarios a fin de garantizar el derecho constitucional a favor de una vivienda digna.

Por ello, en línea con los compromisos planteados por el presidente del Gobierno en la XXVIII Conferencia de Presidentes de Barcelona, el Plan Estatal de Vivienda tendrá una financiación de 7.000 millones de euros, triplicando lo invertido en el anterior plan. El Estado asumirá el 60% de la inversión prevista en el plan, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.

Además, contempla que la mayor parte de los fondos, hasta un 40%, se dirigirá a incrementar la oferta de vivienda pública; otro 30% se destinará a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, atendiendo también a criterios de eficiencia energética; y el 30% restante irá destinado a ayudas emergentes, como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas, así como al refuerzo de la vivienda rural y el alquiler asequible para quienes más lo necesitan.