Gobierno rebaja la obligación a firmas de atender en lenguas cooficiales y la limita a comunidades bilingües

Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, han rebajado este martes la reforma legal auspiciada por Junts para obligar a las grandes empresas a tener atención a la clientela en las diferentes lenguas cooficiales del Estado, de manera que la medida se aplicará sólo en las comunidades autónomas bilingües y no en todo el territorio, como pretendían los independentistas.

La reforma se enmarca en la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y este martes la ponencia encargada de examinar la norma a puerta cerrada ha decidido introducir nuevos cambios al texto. Entre ellos, se ha incluido uno firmado por PSOE y Sumar para delimitar geográficamente la propuesta que afectará a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés generales.

En concreto, la enmienda transaccional incluida al texto, recogida por Europa Press, establece que a solicitud de la persona consumidora o usuaria sita en comunidades autónomas que dispongan de varias lenguas oficiales, "se asegurará la atención en el idioma oficial que se solicite, siempre y cuando la empresa preste servicios en aquellas comunidades autónomas que disponen de lengua oficial diferente al castellano y la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad autónoma".

Asimismo, se ha introducido otra reforma en la norma para asegurar que la presentación de consultas, quejas, reclamaciones o incidencias de las empresas que prestan servicios en comunidades autónomas con lengua oficial diferente al castellano se realice "en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales" cuando el servicio de atención a la clientela sea dirigido a clientela situada en comunidades que dispongan de lenguas cooficiales.

Estos cambios concretan así la medida que Junts pactó con el Gobierno, pues hasta ahora no había ninguna delimitación geográfica en el texto y sólo se obligaba a las empresas a dotarse de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para "garantizar los derechos lingüísticos de la clientela" y a ofrecer la formación específica previa en idiomas cooficiales.

Tras haber superado hasta tres reuniones a puerta cerrada en ponencia, el texto pasará a examinarse en la Comisión de Derechos y Sociales y Consumo el próximo 29 de octubre en una sesión abierta donde los grupos parlamentarios introducirán nuevas modificaciones al proyecto.

OCU Y FACUA AVISARON DE QUE SUPONE UN SOBRECOSTE
Sobre esta medida y la ley en su conjunto se pronunciaron recientemente en el Congreso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua-Consumidores en Acción y coincidieron en que la medida supondrá un sobrecoste para las compañías que puede acabar repercutiendo en el consumidor.

De su lado, la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC) denunció que el texto "criminaliza" a las empresas que prestan servicios de atención al cliente y criticó que el proyecto establezca que el 95% de las reclamaciones telefónicas de los clientes tenga que ser atendido en menos de tres minutos.

PROHIBIR EL SPAM
Otro de los objetivos del texto pasa por prohibir las llamadas spam usando códigos alfanuméricos que permitirán a las compañías telefónicas bloquear llamadas comerciales con consentidas, así como declarar nulos todos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas, obligando también a las empresas a renovar el consentimiento cada dos años.

Además, se pretende obligar a las empresas a comunicar con quince días de antelación la fecha en la que se producirá la renovación automática de un servicio o suscripción que haya sido contratado de forma online, así como a facilitar la baja voluntaria en caso de que se desee.

Por otro lado, se pondrá coto a las reseñas falsas que se publican en la red, ofreciendo a la empresa que recibe la reseña la posibilidad de réplica y de solicitar la eliminación de la misma cuando pueda acreditar que no es real.