El CSIF advierte sobre el estancamiento de la temporalidad en el sector público en torno al 30%

Las administraciones públicas contaban con 954.600 personas en situación de temporalidad en el tercer trimestre del año, lo que constituye un 27,8% respecto al total de empleo, un porcentaje que supone más del doble que la temporalidad que se registra en el sector privado, según datos de la EPA conocidos hoy, que recoge y analiza la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Estos datos, que revelan además que el 58% de los contratos temporales en las administraciones públicas son de mujeres, han motivado el recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea, por incumplir el mandato de reducir la temporalidad, pese a que la Ley establece el límite en el 8%.

Desde CSIF, se exige la eliminación de la tasa de reposición, que impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos servicios y obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación.

CSIF considera que los gestores que incumplan el límite establecido en la Ley deben ser sancionados y asumir responsabilidad ante los tribunales para combatir las situaciones de abuso y precariedad laboral, e inicia el próximo 30 de octubre, junto a UGT y CCOO, movilizaciones por el bloqueo a la negociación colectiva del Ministerio de Función Pública, bajo el lema 'Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos'.

Las tres organizaciones, que representan más del 80% del personal público, aseguran que el Ministerio "mantiene congeladas las nóminas de este año e impide un nuevo acuerdo salarial, entre otras mejoras de condiciones laborales, como es el caso del abuso de la temporalidad", y advierten de la convocatoria de una jornada de huelga a nivel nacional el próximo mes de diciembre en el caso de que Función Pública continúe bloqueando la negociación.