El PP exige implantar un sistema de conflicto de intereses en Correos tras la dimisión del jefe de seguridad

El ya exjefe dimitió después de que se detectara un conflicto de intereses por un contrato de diez millones

El PP ha exigido que Correos disponga de alguna regulación interna sobre conflicto de intereses de su personal directivo después de que el que fuera el jefe de seguridad de la empresa estatal, Arturo Crespo Arranz, dimitiera tras un caso de esta índole.

En concreto, la dimisión de Crespo Arranz se produjo días después de conocerse la anulación de un contrato de más de diez millones de euros entre la compañía postal y Trablisa, empresa donde un subordinado del jefe de seguridad había estado trabajando previamente y fue el encargado de hacer labores de evaluación del contrato anulado.

Mediante una respuesta parlamentaria ofrecida a una batería de preguntas escritas del PP, el Gobierno informó que Crespo Arranz, que también fue el comandante de la Guardia Civil en Barajas cuando la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acudió al aeropuerto Adolfo Suárez en enero de 2020; dimitió en marzo por motivos de "índole personal".

UN TRIBUNAL APRECIÓ CONFLICTO DE INTERESES
Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijóo relaciona ese cese con la anulación por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de la adjudicación de un contrato de seguridad por haber existido conflicto de intereses.

Después de la adjudicación del contrato a Trablisa, la mercantil Sasegur interpuso en octubre del año pasado un recurso especial en materia de contratación manifestando que existía un conflicto de intereses entre la empresa adjudicataria y el trabajador que estaba a las órdenes de Crespo Arranz.

Ese subordinado había estado trabajando para Tablisa y fue quien firmó el informe técnico por el que se puntúan los criterios sometidos a juicios de valor. En diciembre de 2024, el Tribunal de Recursos Contractuales estimó el recurso y apuntó que este era un conflicto de intereses "que no fue declarado y que fue detectado a posteriori, tras haber podido generar efectos en el proceso de adjudicación".

"Todos los elementos expuestos conducen a señalar que ha existido un conflicto de interés que no solo puede parecer, sino que suscita dudas, objetivamente justificadas, en cuanto a que la imparcialidad y la independencia del proceso de licitación de se haya visto comprometida", concluía el tribunal. En abril de 2025 Trablisa un recurso especial, pero un mes después fue desestimado.

EL GOBIERNO DIJO QUE LA DIMISIÓN ERA POR MOTIVOS PERSONALES
Una vez que se conoció este asunto, el Ejecutivo explicó que en el momento en que se detectó el conflicto de interés en Correos se dieron indicaciones para que en todos los documentos relativos a adjudicaciones en los expedientes de contratación se incluyese un párrafo que reza los siguiente: "Con la suscripción del presente documento, sus firmantes declaran que no se hallan incursos en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses".

Y ahora los diputados 'populares' Celso Delgado y Jaime de Olano han vuelto a la carga con una batería de preguntas parlamentarias a las que ha tenido acceso Europa Press y con las que preguntan al Ejecutivo si la empresa postal dispone de alguna regulación interna referente a conflictos de intereses de directivos, subdirectores y jefes de área.

A su vez, el Grupo Popular pregunta al Gobierno si alguna dirección, subdirección o área de Correos se ha visto afectada en los dos últimos años en algún conflicto de intereses. Por último, los diputados quieren saber si se ha publicado un nuevo expediente para licitar el contrato que se canceló a Trablisa.