El Gobierno aprueba la declaración de 2026 como 'Año de la seguridad y Salud en el Trabajo'

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la declaración institucional con motivo del trigésimo aniversario de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y por el que se declara el año 2026 como 'Año de la seguridad y Salud en el trabajo'.

Desde el Ministerio de Trabajo han indicado que la Ley de prevención supuso un hito histórico y sirvió de referencia para sentar las bases de una cultura de la prevención en nuestro país, por lo que, ahora, en esta efeméride se trata de hacer "no una mera declaración de intenciones, sino de efectuar un llamamiento al conjunto de la sociedad".

Con esta declaración, el Gobierno reafirma que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida; se seguirá impulsando la adaptación normativa de prevención a los riesgos emergentes; se promoverán campañas de divulgación, sensibilización e información permanentes; se fortalecerá la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento; se promoverá una política de cooperación nacional e internacional en materia preventiva y se promoverán las actuaciones educativas adaptadas a cada ámbito docente.

Desde el Ministerio de Trabajo han recalcado que los datos de siniestralidad laboral todavía son "inadmisibles", con 796 personas muertas en su puesto de trabajo o en el camino, más de dos cada día. "Es necesario actuar de manera decidida y sin demora", han expuesto desde el Ministerio encabezado por Yolanda Díaz.

Así, ha apuntado que la Constitución encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, la obligación de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, un lugar donde las personas no pueden poner en riesgo su salud o jugarse la vida independientemente de dónde se ubique o del número de personas con que cuente la empresa.

En este sentido, han apuntado que la reforma laboral, que supuso un impulso a la estabilidad en el empleo, permitió que el índice de siniestralidad con baja laboral se redujese un 7,4% y en todos los rangos de edad.

AVANCES NECESARIOS
Desde el Ministerio han recalcado que las nuevas formas de empleo nos enfrentan a "desafíos" hasta ahora ignorados como el incremento de los riesgos psicosociales, la falta de plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres -cuyas patologías y necesidades en materia de prevención han sido las grandes olvidadas-, las enfermedades derivadas del trabajo o el envejecimiento de la población activa, en un momento demográfico crítico, y los derivados de un cambio climático cuyas virulentas consecuencias estamos padeciendo ya.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 (EESST), aprobada en el Consejo de Ministros del 14 de marzo de 2023 con el acuerdo de Comunidades Autónomas, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales constituye un nuevo marco de referencia para orientar las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales durante este período y surge gracias al diálogo social, fruto del acuerdo entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo y los interlocutores sociales.

Esta estrategia asume un compromiso firme con los ejes prioritarios del Marco Estratégico Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027 y, en particular, con el objetivo de anticiparse a los riesgos que plantean las transiciones digital, ecológica y demográfica.

Para hacer frente al reto del cambio climático, España ha avanzado, además, con la adaptación en el año 2023 de la normativa española sobre lugares de trabajo, recogiendo expresamente la obligación empresarial de adoptar medidas de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos.

En noviembre de 2024 se dio un paso más, reconociendo permisos laborales como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.

Además, y siguiendo las recomendaciones de la OIT, se ha previsto en el Estatuto de los Trabajadores que, a través de la negociación colectiva, se acuerden protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos.