El Gobierno aprueba modificar las normas de calidad de los zumos de frutas, confituras y leche deshidratada

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que actualiza las normas de calidad aplicables a los zumos y néctares de frutas, las confituras y la leche deshidratada, con el fin de incorporar al marco nacional los cambios introducidos en las denominadas Directivas del Desayuno de la Unión Europea (UE).

En concreto, estas modificaciones -propuesta conjunta de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y del de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030- buscan adaptar la comercialización de estos alimentos en el mercado europeo a los avances tecnológicos y productivos, así como a las nuevas preferencias de los consumidores, cada vez más interesados en opciones más saludables y en una información alimentaria más transparente.

Agricultura ha destacado que España ha tenido un papel destacado en este proceso, al liderar parte de las negociaciones durante su Presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

De esta forma y en el caso de los zumos de frutas, la principal novedad es la incorporación de nuevas categorías con contenido reducido en azúcares, en respuesta a la creciente demanda de alternativas más saludables. Para ello, se autoriza la aplicación de tratamientos que disminuyan, al menos en un 30%, los azúcares naturalmente presentes.

Además, podrá incluirse en el etiquetado una declaración voluntaria que informe al consumidor de que 'los zumos de frutas contienen únicamente azúcares naturalmente presentes'.

Respecto a las las confituras, se incrementa el contenido mínimo de fruta exigido para las distintas categorías, con el objetivo de ofrecer productos de mayor calidad y sabor.

Por su parte, en el ámbito de la leche deshidratada, se autoriza un tratamiento destinado a reducir su contenido de lactosa, ampliando la oferta para personas con necesidades específicas y en coherencia con las tendencias actuales del mercado.

El Gobierno, con estas modificaciones, refuerza la seguridad jurídica de los operadores, fomenta la innovación en los sectores implicados, impulsa dietas más saludables y mejora la información disponible para los consumidores, favoreciendo elecciones alimentarias "más informadas y transparentes".