El Gobierno aprueba hoy su nueva previsión de PIB del 2,9%, el techo de gasto y la senda de estabilidad
El Gobierno revisará este martes al alza su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2025, desde el 2,7% al 2,9%, en el Consejo de Ministros que aprobará el límite de gasto no financiero -conocido como 'techo de gasto'-- y los objetivos de estabilidad que acompañarán a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.
Tras la revisión de perspectivas por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los principales organismos económicos nacionales e internacionales, el Ejecutivo tiene previsto actualizar el cuadro macroeconómico que acompañará a la senda de estabilidad de los Presupuestos, manteniendo en el 2,2% su previsión de crecimiento para 2022.
Ayer mismo, la Comisión Europea actualizó sus previsiones para los países de la Unión y elevó las proyecciones para España hasta el 2,9% en 2025 y el 2,3% en 2026.
Además, no de los objetivos que se ha marcado el Gobierno es que todas estas cifras de crecimiento macroeconómico se traduzcan "en el día a día de los hogares" y consigan mejoras en cuanto a reducir la desigualdad o la pobreza. De este modo, el Consejo de Ministros también aprobará un novedoso indicador para asociar los resultados macro a los micro.
TECHO DE GASTO Y SENDA DE ESTABILIDAD
El Consejo de Ministros también aprobará este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', y los objetivos de estabilidad y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes.
De aprobarse la senda de estabilidad 2026-2028 por parte del Parlamento --ya que el 'techo de gasto' no se somete a votación en las Cortes Generales--, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de Presupuestos para su envío a las Cortes.
La senda de estabilidad sirve de hoja de ruta en materia de deuda y déficit a la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social.
El Ministerio que lidera María Jesús Montero ha propuesto a las comunidades autónomas, en su mayoría del PP, poder incurrir en un déficit del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) los próximos tres años, que equivale a un margen fiscal de unos 5.485 millones. Esta tasa de déficit del 0,1% para el periodo 2026-2028 es la misma que se planteó el año pasado y que finalmente no aprobaron las Cortes Generales.
Con esta propuesta, el Gobierno inicia la tramitación parlamentaria de una senda de déficit por quinta vez en los dos años que lleva la legislatura. A principios de 2024, para los Presupuestos de ese año, logró aprobar la senda en el Congreso, pero el Senado --donde el PP tiene mayoría absoluta-- tumbó la hoja de ruta fiscal y obligó a volver al Consejo de Ministros.
Y es que en aquel momento la Ley de Estabilidad Presupuestaria daba al Senado una capacidad de veto irrevocable, de manera que si tumbaba la senda de déficit, se tenía que volver a iniciar todo el trámite parlamentario desde el Consejo de Ministros.
El Gobierno aprovechó la tramitación de la Ley de Paridad e introdujo una enmienda en esta norma que anulaba esa capacidad de veto, de modo que si el Senado rechazaba la senda, la propuesta tendría que volver al Congreso y podría aprobarse con una mayoría simple.
Mientras esa enmienda se estaba tramitando --que finalmente entró en vigor en agosto--, el Gobierno volvió a llevar la senda de déficit al Congreso, pero en este caso hacía referencia a los Presupuestos de 2025 tras renunciar a la tramitación de los de un año antes por el clima electoral derivado de Cataluña.
EL CONGRESO YA TUMBÓ LA SENDA
Y ese tercer intento encalló en el Congreso, ya que esta vez el PP, Vox y Junts unieron sus votos para tumbar la propuesta. El Gobierno no tiró la toalla y ese mismo verano reinició la tramitación de la senda de estabilidad con la idea de que, una vez pasadas las elecciones en Cataluña, el ambiente se calmaría y las negociaciones serían más fáciles.
El que iba a ser el cuarto debate de una senda déficit estaba programado para septiembre de 2024, con las elecciones catalanas ya concluidas, pero finalmente el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo retiró del orden del día del Pleno del Congreso ante la falta de apoyos parlamentarios y la amenaza de Junts de votar en contra de la misma.
Así las cosas, los Presupuestos en vigor siguen siendo los de 2023, que se votaron en la legislatura pasada con partidos que ya no tienen representación, como Ciudadanos, el PRC, la CUP o Foro Asturias.
El Gobierno mantiene su idea de presentar unos Presupuestos para 2026, pero primero tiene que aprobar en el Congreso la senda de estabilidad presupuestaria, en un contexto muy adverso y que Junts ha anunciado un bloqueo contra la acción legislativa del Ejecutivo por considerar que este ha incumplido con los acuerdos de investidura.
SI JUNTS SE ABSTIENE HAY OPCIONES
Si Junts se suma al no de PP y Vox en el Congreso, no habrá techo de gasto. Pero si los de Carles Puigdemont decidieran abstenerse --tal como sucedió con la votación para derogar el calendario de cierre de las centrales nucleares-- y el resto de socios de investidura apoyase la senda, el Gobierno tendría más 'síes' que 'noes' para aprobarla.
Y luego sería el turno del Senado, donde la derrota está asegurada dada la mayoría absoluta del PP, si bien la posición de la Cámara Alta no será determinante al estar ya en vigor el cambio de la Ley Presupuestaria del año pasado.

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