Díaz insta al PSOE a prorrogar la congelación de los contratos de alquiler y a negociar las medidas de Sumar

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado este lunes al PSOE a prorrogar la congelación de los contratos de alquiler y a negociar la propuesta en materia de vivienda presentada por Sumar hace unas semanas.

En declaraciones a la prensa antes de participar en la conmemoración del 40º Aniversario de las Escuelas Taller-Programa TándEM, Díaz ha advertido de que la vivienda es el principal problema de desigualdad en España.

"Hoy el principal problema del país se llama vivienda. Es la gran fábrica de desigualdad. Desde Sumar hemos presentado un Real Decreto-Ley y estamos negociando con el PSOE e instamos al Partido Socialista a que desbloquee esta norma", ha subrayado la ministra.

Para Díaz, la vivienda debe ser la materia central de esta legislatura, porque es el problema, "por excelencia", de los jóvenes.

"La revalorización del precio del alquiler en España en muchos barrios, no sólo en Madrid y en Barcelona, en muchos barrios de toda España no se está haciendo al 2%; se está haciendo al 20%, al 30%, al 40% y hasta al 50%", ha denunciado la ministra.

Díaz ha asegurado que, aunque el salario mínimo interprofesional (SMI) va a volver a subir de cara a 2026, "da igual" que éste se incremente si una renta de alquiler está superando en muchas ciudades ya los 1.000 euros al mes.

"Por lo tanto, instamos al Partido Socialista a la negociación de ese real decreto. Estamos seguras, además, de que va a tener la mayoría parlamentaria, porque no se puede golpear el futuro de este país. Y no hay futuro en España si no abordamos el problema de la vivienda. Es absolutamente imposible", ha advertido Díaz.

LA PROPUESTA DE SUMAR
Sumar presentó a mediados de octubre un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.

Con estas medidas, los socios de coalición buscan, entre otras cosas, congelar los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos, regular los alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos, con un nuevo régimen sancionador, y aprobar reformas fiscales y legales que frenen la compra especulativa de vivienda.

Sobre el primer bloque, Sumar quiere congelar y prorrogar los contratos de alquiler. De esta manera, quiere añadir tres años adicionales a los contratos, incluidos los contratos vigentes. En zonas tensionadas, la prórroga plantea ampliar dos años más sobre el límite actual, alcanzando un mínimo de 10 años, y "en las comunidades autónomas que sí han declarado zonas tensionadas, además, se ampliará el periodo de prórroga de esos contratos en dos años adicionales".

Además, Sumar propone que la regulación de rentas se aplique con carácter "general, inmediato y transitorio" hasta que se declaren zonas tensionadas, y los nuevos contratos o renovaciones se fijen al mismo precio que el anterior. La "congelación" se haría aunque cambiara el propietario del piso.

Para poner fin al uso fraudulento de contratos de temporada o habitaciones, Sumar quiere que los alquileres de temporada duren más de 30 días o, de lo contrario, se consideren turísticos, y se busca extender los derechos de arrendatarios habituales al alquiler de habitaciones, incluido el control de rentas.

Sobre el segundo eje, Sumar propone modificar el Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas para que los propietarios de cuatro o más viviendas tributen un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario, así como una bonificación del 40% de las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades para alquileres asequibles según el índice de rentas.

Además, el partido de Yolanda Díaz quiere que la nueva compra destinada a alquiler solo pueda realizarse para alquiler asequible, aplicando las limitaciones de renta de la Ley de Vivienda a grandes tenedores.

En relación al tercer eje, desde Sumar proponen que los alquileres de hasta 30 días se considerarán turísticos, para evitar fraudes de plataformas que los presentan como de "temporada" y para que tributen con un IVA del 21%, eliminando su trato fiscal favorable.

Por último, quieren elevar a rango de ley la obligación de registro de los alquileres de corta duración para reforzar el control del alquiler turístico y aprobar un régimen sancionador verdaderamente disuasorio para los pisos turísticos.