CEOE replica a Hereu: si el Gobierno quiere empresas fuertes puede empezar "no criminalizando" su labor

Garrido dice que si el Gobierno bajara cotizaciones, o redujera la presión fiscal a las empresas, estas podrían subir más los sueldos

El vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido, considera que si el ministro de Industria y Comercio, Jordi Hereu, y su Gobierno realmente quieren empresas fuertes que sustenten el Estado del bienestar puede empezar "no criminalizando" su labor o ayudándolas en algo.

"Lo que debería hacer el Gobierno, en vez de decir que las empresas tienen que ser más fuertes es hacer el trabajo para facilitar que las empresas puedan ser más fuertes. Para empezar, no atacándolas, como se ha estado haciendo estos años, criminalizando los beneficios empresariales y la actividad empresarial", aseveró Garrido en una entrevista concedida a Europa Press en el marco del VII Foro Iberoamericano de la mipyme, que se ha celebrado esta semana en Tenerife.

El Ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu, defendió el jueves, en el mismo marco y ante líderes empresariales de toda Iberoamérica, que la democracia social a la europea requiere de "fortalecer la base material" que la sustenta, la "económica empresarial".

"Para defender estos valores, que ahora en este mundo tienen adversarios, necesitamos fortalecer la base material, económica empresarial, para que dé sustento a este modelo de libertades y derechos", reclamó el ministro.

El también presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) añadió que este Gobierno también podría continuar "no agobiándoles tanto con cargas regulatorias, endureciendo la normativa laboral cada vez más y por lo tanto dificultando la competitividad, no trabajando para solucionar el absentismo y luego incrementando la presión fiscal".

LAS EMPRESAS "CLARO" QUE SON CLAVES PARA EL ESTADO DEL BIENESTAR
"Claro que creemos que se necesitan las empresas para sostener el estado del bienestar, por supuesto, pero lo que tienen que hacer más que decirlo, es poner las condiciones para que esto se pueda llevar a cabo", sentenció el segundo directivo de la patronal española.

Además, Garrido incidió en lo "dramático" de la evolución de los salarios en España, donde el sueldo medio se aleja de la media europea, y culpó al Gobierno por no dotar a las empresas de "herramientas para que las empresas tengan mejores márgenes y puedan remunerar mejor a sus trabajadores".

"Cuando desde el Gobierno se dice que las empresas deben pagar mejor y elevar la retribución de los trabajadores en España, yo estoy de acuerdo, y creo que efectivamente sería enormemente positivo que subieran los salarios medios en España, pero para eso lo que tienes que hacer es facilitar que las empresas puedan ser competitivas", defendió.

En su opinión, esta mejora está lastrada porque España tiene "un impuesto directo al empleo", como son las cotizaciones, "entre las más altas de Europa": "Difícilmente vas a tener excedente para poder pagar mejor a los trabajadores. Yo, si rebajaran las cotizaciones sociales creo que nos podrían exigir que paguemos mejor a los trabajadores. Pero claro, si no hacen otra cosa que subir los impuestos y en este caso un impuesto directo al empleo, pues claro, puede seguir pasando lo contrario", argumentó.

UN GOBIERNO "ACOSTUMBRADO A IMPONER, NO A NEGOCIAR"
Preguntado por el último desencuentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social y la CEOE sobre la ley de prevención de riesgos, Garrido consideró que "lo que pasa es que este es un Gobierno que está muy acostumbrado a imponer, no a negociar".

"Cuando se trata de negociar se ve que no lo lleva tan bien. Están acostumbrados a tomar decisiones unilateralmente sin contar con nosotros y, sin embargo, exigirnos que lo cumplamos y que aceptemos resignadamente lo que ellos nos van imponiendo. Eso no, claro", sentenció.

Garrido concluyó que fue el Gobierno el que "se levantó de la mesa" y que lo hizo porque en la CEOE están "representando a un colectivo empresarial muy amplio, muy variado" y para el que tienen que "intentar defender su competitividad". "Si lo que se pretende ataca a lo que nosotros entendemos que es necesario para que las empresas sobrevivan, naturalmente nos tenemos que oponer a ello", razonó.