Vídeo | Caso Plus Ultra: libertad con restricciones para Julio Martínez, Roberto Roselli y Antxon Alonso

Este sábado se produce un importante movimiento judicial en torno al caso Plus Ultra, un expediente que sigue bajo secreto de sumario y que mantiene en el foco de la opinión pública la relación entre rescates del Estado y posibles irregularidades financieras. La decisión del juez Alfredo Barrera ha generado reacciones entre los implicados, la Fiscalía Anticorrupción y distintos sectores del ámbito empresarial y político, al tiempo que plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de ayudas públicas en España.

Libertad con condiciones

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid acuerda la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos: Julio Martínez, presidente de Plus Ultra; Roberto Roselli, CEO; y Antxon Alonso, socio del exdirectivo Santos Cerdán.

Según fuentes jurídicas, las condiciones incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el juez cada quince días. Esta decisión se produce porque el juez Alfredo Barrera estaba de guardia, mientras que la investigación permanece bajo la competencia del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa con el secreto de sumario.

Los tres implicados fueron arrestados esta semana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y comparecen en sede judicial tras pasar a disposición del juzgado.

Contexto de la investigación

La causa se origina a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que apunta a un presunto uso indebido de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra durante la pandemia como rescate de la aerolínea, así como a la posible aplicación de fondos públicos y oro de Venezuela en varias jurisdicciones.

Según la denuncia, estos fondos podrían haber sido utilizados, entre otros fines, para la devolución de préstamos concedidos a la aerolínea por empresas vinculadas a la supuesta trama delictiva. La Fiscalía también apunta a la existencia de una organización criminal establecida en Francia, Suiza y España, compuesta por "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", dedicada a actos de blanqueo internacional.

La investigación se centra en determinar si estos movimientos de dinero y decisiones empresariales constituyen delitos de blanqueo de capitales, malversación y tráfico de influencias, así como si existió coordinación para sustraer fondos destinados a ayudas públicas durante la crisis sanitaria.

Los protagonistas

Julio Martínez

Como presidente de Plus Ultra, Martínez ha sido señalado como uno de los responsables de la gestión directa de los fondos recibidos. Durante su declaración judicial, negó cualquier irregularidad y afirmó que la utilización de los recursos fue conforme a la normativa vigente.

"Se han seguido todos los procedimientos establecidos, y no he tomado decisiones fuera del marco legal", ha declarado según fuentes jurídicas.

Roberto Roselli

Roselli, CEO de la aerolínea, también se ha acogido a la declaración ante el juez, respondiendo a las preguntas de la Fiscalía y su defensa. Las pesquisas apuntan a que pudo haber participado en la autorización de operaciones financieras relacionadas con los préstamos y ayudas recibidos.

"Toda nuestra contabilidad y movimientos han sido revisados y auditados conforme a la ley", explica Roselli a los investigadores.

Antxon Alonso

Alonso, socio de Santos Cerdán y vinculado a la empresa Servinabar, se ha acogido a su derecho a no declarar. Servinabar figura en la investigación por su presunta participación en movimientos financieros que podrían estar vinculados a los fondos de Plus Ultra.

"No he participado en ninguna gestión fuera del marco legal, y me reservo declarar ante el juez", aseguran fuentes jurídicas que recoge Europa Press.

Procedimientos y registros

La investigación ha llevado a la audiencia a ordenar registros en Madrid y otras ciudades, incluyendo sedes de la aerolínea y empresas relacionadas. Además, se han solicitado informes y documentación a la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa, así como a Correos y ministerios implicados en la supervisión de ayudas públicas.

Según fuentes oficiales, toda la documentación requerida fue facilitada a los investigadores "con total colaboración y siguiendo los procedimientos habituales establecidos".

Repercusiones políticas y mediáticas

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en la concesión de ayudas públicas y el control sobre empresas beneficiarias de rescates estatales, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria. Los expertos señalan que el caso Plus Ultra podría sentar precedentes sobre responsabilidad de directivos y gestores ante el mal uso de fondos públicos, así como sobre la necesidad de mayor control judicial y administrativo.

Próximos pasos judiciales

La investigación continúa bajo secreto de sumario, y el Juzgado de Instrucción Número 15 es el encargado de profundizar en la denuncia. Se prevé que se realicen nuevas declaraciones, revisiones de documentación contable y auditorías para esclarecer si existió desviación de fondos y delitos asociados.

Las medidas cautelares permitirán a los imputados continuar con sus actividades mientras se desarrolla la causa, garantizando la comparecencia periódica ante la autoridad judicial.