La CNMC busca una salida urgente tras el dictamen del Consejo de Estado sobre la retribución eléctrica

La regulación de las redes de distribución de energía entra en un momento crítico a menos de diez días de finalizar 2025, con la CNMC obligada a tomar decisiones rápidas y con amplias implicaciones para la inversión eléctrica, la transición energética y la sostenibilidad económica del país.

Un conflicto regulatorio que exige rapidez

La CNMC convoca este lunes a sus diez consejeros para encontrar una solución inmediata a las objeciones emitidas por el Consejo de Estado sobre la circular que establece el modelo de retribución de las redes eléctricas para 2026-2031.

El objetivo del modelo es determinar cómo las empresas recibirán compensaciones por operar, mantener e invertir en las redes de distribución de energía, incluyendo las adaptaciones necesarias para la transición hacia energías limpias. Sin embargo, el Consejo ha señalado que la propuesta vulnera la Ley del Sector Eléctrico, al fijar limitaciones a las inversiones que son competencia exclusiva del Ministerio de Transición Ecológica.

“El problema es que cualquier solución adoptada por la CNMC sin trámite de audiencia podría ser nula, al lesionar el derecho de los interesados a presentar alegaciones”, señalan fuentes del regulador.

El plazo es ajustado: la circular debe estar aprobada antes del 1 de enero de 2026, por lo que cualquier retraso podría afectar la legalidad del nuevo marco y la certeza para las empresas distribuidoras.

Opciones sobre la mesa

Los consejeros estudian principalmente dos vías:

Nueva circular con audiencia pública: permitiría cumplir todos los trámites legales, incorporando los ajustes necesarios para respetar las competencias del Ministerio y las recomendaciones del Consejo de Estado. Sin embargo, no hay tiempo suficiente para completar este procedimiento antes del inicio del año.

Prórroga del marco actual: consiste en mantener vigente el método de retribución por costes auditados, que “ha funcionado hasta la fecha”, mientras se prepara un modelo definitivo que respete la normativa y asegure los incentivos a la inversión. Esta alternativa ofrece seguridad jurídica y continuidad de proyectos estratégicos.

La posición de la Asociación para la Transición Energética

La ATE ha expresado su preocupación sobre los posibles impactos de la circular propuesta, argumentando que una regulación apresurada podría frenar inversiones cruciales para la descarbonización y la transición energética.

“El Consejo de Estado ha señalado una contradicción entre la circular y lo que desarrolla el Ministerio para la Transición Ecológica, entendiendo esto como una extralimitación de la función de regulación”, explica un portavoz de la asociación.

ATE defiende que la solución más responsable es mantener el método vigente hasta que se pueda emitir una nueva circular, permitiendo que las empresas continúen sus proyectos sin incertidumbre y que el regulador elabore un modelo definitivo ajustado a la política energética estatal.

Impacto sobre la transición energética

El modelo de retribución eléctrica tiene implicaciones directas en los objetivos de sostenibilidad y descarbonización del país. La forma en que se remunera la inversión en redes influye en la capacidad de las empresas para instalar infraestructuras modernas, integrar energías renovables y preparar la red para futuras demandas energéticas.

“Mantener un marco estable asegura que las inversiones actuales y anticipatorias continúen, evitando parálisis en proyectos clave para la transición energética”, añaden desde ATE.

Riesgos de una decisión precipitada

Expertos advierten que cualquier ajuste sin el debido procedimiento podría ser declarado nulo, generando inseguridad jurídica y retrasos en la planificación de inversiones estratégicas. La falta de consenso podría afectar no solo a las empresas distribuidoras, sino también a los consumidores y a los objetivos climáticos del país.

Además, la situación pone de relieve la necesidad de coordinar al máximo el regulador con el Ministerio de Transición Ecológica, evitando que decisiones técnicas se superpongan con competencias ministeriales y asegurando que las inversiones en redes estén alineadas con la política energética estatal.

Próximos pasos y expectativas

La reunión de la CNMC será decisiva. Los consejeros deben ponderar entre la legalidad, la seguridad jurídica, la continuidad de inversiones y la urgencia de aprobar un marco regulatorio antes del 1 de enero. La ATE confía en que la Comisión opte por la prórroga del método actual mientras se prepara un nuevo modelo que cumpla todos los requisitos legales y técnicos.

“La intención es alumbrar una propuesta ajustada, que incentive las inversiones necesarias, tanto actuales como anticipatorias, para que la economía española siga avanzando en la transición energética”, explican desde la asociación.

El desenlace de esta decisión marcará el rumbo de la distribución eléctrica y la inversión en infraestructuras en España durante los próximos cinco años, siendo crucial para garantizar que la transición energética no se vea afectada por vacíos legales o falta de coordinación institucional.