Asval cree que la prórroga de la prohibición de desahucios a vulnerables erosiona el derecho de propiedad

La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) cree que la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional que se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros erosiona el derecho de propiedad, según ha indicado en un comunicado.

Asimismo, la entidad ha manifestado que dicha moratoria aumenta, una vez más, la desconfianza de los propietarios en las instituciones del Estado, incrementando la sensación de inseguridad jurídica.

"Con ello, existe un alto riesgo de reducir la oferta de viviendas en alquiler, en un momento en que el mercado ya presenta niveles mínimos de disponibilidad y tiempos de recuperación de inmuebles superiores a los 20 meses", ha expresado Asval, criticando que lo que nació hace más de cinco años como una "medida excepcional" durante la pandemia se ha mantenido en España de forma "casi estructural".

AUMENTAR LOS ESFUERZOS EN DAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
En este sentido, la organización ha asegurado que este tipo de normas se fueron retirando gradualmente en la mayoría de países europeos a medida que la situación sanitaria y económica se normalizaba. Al hilo, Asval ha comentado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya declaró en un caso similar ocurrido en Italia que la demora prolongada en la ejecución de desahucios, aun cuando esté motivada por la necesidad de planificar medidas de asistencia social, "vulnera los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada".

"Esta jurisprudencia evidencia que las cargas derivadas de la protección social no pueden recaer indefinidamente sobre particulares ni convertirse en una suspensión 'sine die' de decisiones judiciales firmes", ha añadido.

En este contexto, la entidad ha abogado por aumentar los esfuerzos en dar una solución definitiva a los miles de casos que se encuentran en suspenso, instando a los poderes públicos a realizar un diagnóstico claro y riguroso sobre cada uno de ellos y a aplicar medidas correctoras, que alivien la carga a los propietarios pero, fundamentalmente, que den estabilidad a las familias que se encuentran en situaciones reales de vulnerabilidad.

"Ni los propietarios deben servir de escudo social, ni las familias pueden seguir sosteniéndose con parches que, lejos de solventar la falta de alternativa habitacional, perpetúan situaciones de precariedad y falta de seguridad", ha concluido.