Afectados por la Ocupación acusan al Gobierno de desprotección por extender la suspensión de los desahucios

Piden a las fuerzas políticas que voten en contra de la convalidación del decreto ómnibus donde se incluye esta medida

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha criticado este miércoles que el Gobierno haya vuelto a incluir la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos en un Real Decreto-ley, que previsiblemente se votará el próximo día 27, mezclando esta medida "de forma estratégica" con la subida de las pensiones para 2026 y otras medidas del llamado "escudo social".

La organización ha denunciado esta "trampa legislativa" a la que ha recurrido el Ejecutivo para "blindar una política que fomenta la impunidad de ocupas e inquiocupas y la desprotección del pequeño propietario",

"El Gobierno nos engaña: no se responsabiliza de las familias vulnerables. Con esta nueva prórroga, pretende extender la paralización de desahucios y lanzamientos hasta el cierre de 2026, lo que supone alcanzar el séptimo año consecutivo de ejecución de una medida que nació con carácter extraordinario y temporal durante la pandemia de 2020", sostiene la plataforma en un comunicado.

Desde esta plataforma denuncian que, al no dotar de recursos económicos específicos ni de un fondo de compensación ágil a la prórroga para suspender los desahucios, el Gobierno "está trasladando el coste de la paz social a los ciudadanos particulares que tienen una única vivienda en alquiler".

"Es inadmisible que el Gobierno se declare protector de los vulnerables usurpando las casas de otros", declara la plataforma, que advierte de que sin inversión en vivienda pública ni recursos para los servicios sociales, "el Gobierno no está ayudando a nadie; solo está cronificando el conflicto y alimentando la inquiocupación y la ocupación", subraya esta organización.

PIDEN EL VOTO EN CONTRA A LA CONVALIDACIÓN DEL DECRETO ÓMNIBUS
Esta plataforma denuncia que, al incluir esta prórroga dentro de un decreto ómnibus, el Gobierno pretende "forzar" la voluntad del resto de los partidos políticos e impedir que cada una de las medidas del mismo pueda ser debatida y votada de forma independiente, "obligando a las fuerzas políticas a elegir entre apoyar ayudas sociales necesarias o validar el atropello a la propiedad privada".

Así, la plataforma considera que el Gobierno no sólo está eludiendo su responsabilidad de ofrecer soluciones reales al problema de la vivienda, "sino que utiliza la emergencia social como un chantaje político donde, una vez más, los sacrificados son siempre los pequeños tenedores".

La organización recuerda que este decreto no afecta a grandes tenedores, sino principalmente a familias trabajadoras con una única vivienda en alquiler, que son los sostienen el 93,4% del mercado del alquiler en España.

"No se puede consentir que usurpen de facto el uso de la vivienda a familias que dependen de esa renta para su propio sustento", defiende la plataforma, que ha apelado a los grupos parlamentarios para que voten en contra del decreto omníbus el próximo día 27.

En su opinión, el rechazo a esta norma "es la única vía efectiva para forzar al Gobierno a rectificar y desvincular" la paralización de los desahucios del resto de medidas sociales.

"Sólo a través de esta separación será posible abordar de manera rigurosa y específica la crisis habitacional sin que ello suponga un perjuicio sistémico para los ciudadanos que ejercen de escudo social ante la inacción del Gobierno", subraya.

La plataforma insiste en que el bienestar social no puede construirse sobre la "vulneración" del derecho a la propiedad. Por el contrario, defiende que debe cimentarse en políticas públicas responsables, tales como la concesión de ayudas directas al alquiler o el realojo en viviendas de titularidad pública.

"Votar en contra de este decreto es, en última instancia, un acto de coherencia y justicia para con ese 93,4% de pequeños propietarios que hoy se encuentran hundidos económica y anímicamente ante un decreto que les obliga a mantener a familias vulnerables e inquiocupas (...) No permitan que, por séptimo año consecutivo, miles de familias trabajadoras paguen con el ahorro de toda una vida un problema que el Gobierno sigue sin resolver", concluye.