Bustinduy avisa: actuarán con "toda contundencia" ante los anuncios de alquileres por encima de la ley

Las sanciones podrían alcanzar de cuatro a seis veces el beneficio obtenido si no se eliminan los anuncios

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado este viernes de que actuarán "con toda contundencia" si se prueban "prácticas engañosas" de anuncios en grandes portales que podrían estar ofertando alquileres a precios por encima de la ley en zonas tensionadas.

Así lo ha indicado este viernes en rueda de prensa tras conocerse que el Ministerio de Consumo ha abierto una investigación que busca perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas, que se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley, para los grandes tenedores, o no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, en el caso de los particulares.

Según han informado desde el departamento liderado por Pablo Bustinduy, estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosa" y, por tanto, acarrear sanciones.

"Vamos a hacer valer los derechos de la ciudadanía y consumidores sobre cualquier tipo de fraude, y si podemos probar prácticas engañosas, el Ministerio actuará con toda contundencia. Es lo que hicimos con las aerolíneas low cost, las grandes operadoras de juego online, los expedientes que están en curso por presuntas practicas abusivas de grandes inmobiliarias en el país y grandes plataformas de pisos turísticos", ha expuesto.

El ministro ha asegurado que quien busque "lucrarse" sorteando la ley a costa de los consumidores y los ciudadanos "lo va a pagar caro" y que ninguna empresa "está por encima de la ley".

Respecto a las sanciones, Bustinduy ha afirmado que desde Consumo, y en el marco de sus competencias, buscan eliminar los anuncios que están en estos grandes portales, pero, en el caso de que no se produjera la eliminación, podrían "eventualmente" llevar a cabo sanciones de diferentes grados y penalizaciones que puedan alcanzar de cuatro a seis veces el beneficio obtenido, como pasó con la sanción de 64 millones a Airbnb por anunciar vivienda sin licencia.

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