Sumar quiere prohibir que el alquiler se pueda pagar en efectivo para evitar fraudes fiscales de los caseros

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea establecer la obligación de que los pagos de alquiler de vivienda se realicen mediante transferencia bancaria u otros medios de pago electrónicos trazables, con la idea de erradicar los posibles fraudes fiscales que puedan realizar los propietarios.

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez, ha registrado esta iniciativa en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja con la que plantea una batería de medidas "contra el fraude fiscal en las rentas inmobiliarias y en favor de un modelo de vivienda accesible".

Con la obligación de que el pago sea mediante un medio electrónico, Ibáñez busca que las entidades financieras que los gestionen comuniquen de forma automatizada e instantánea esta información a la administración tributaria, con el fin de reducir de manera efectiva el fraude fiscal asociado al alquiler de vivienda, detectar ingresos no declarados y reforzar la protección de las personas inquilinas frente a prácticas abusivas.

RETENCIÓN DEL ALQUILER
Otra de las propuestas que incluye la iniciativa pasa por establecer una retención del 1% sobre el alquiler, que el propietario deberá ingresar mensualmente en la AEAT, con el fin de disponer de un indicador mensual fiable para la evolución del precio de los alquileres.

Compromís esgrime que este indicador es necesario porque hoy no existe ni en el IPC (por su falta de representatividad), ni el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) por su falta de actualidad.

El grupo plurinacional también plantea una reforma fiscal integral que desplace la presión fiscal de las rentas del trabajo a las rentas del capital y que termine con los privilegios fiscales de los rentistas para proteger a las personas inquilinas.

Así, se pide aprobar un plan específico contra la evasión y el fraude fiscal vinculado a las rentas inmobiliarias que, según los cálculos de Sumar, anualmente representa más de 12.500 millones de euros.

Sumar también quiere incrementar de forma sostenida los recursos humanos y materiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, priorizando la creación de unidades especializadas en la detección, prevención y sanción del fraude y la evasión fiscal vinculados al mercado inmobiliario, incluyendo alquileres no declarados, plusvalías ocultas y otras prácticas irregulares.