Registros en la Comisión Europea por la presunta venta irregular de activos inmobiliarios al Estado belga

La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) investiga presuntas irregularidades en la venta de 23 edificios propiedad de la Comisión Europea al Estado belga en 2024, según han confirmado a Europa Press fuentes comunitarias, tras los registros policiales llevados a cabo este mismo jueves en dependencias de la institución en Bruselas.

"La Comisión Europea está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas y cooperará plenamente con la Fiscalía Europea y las autoridades belgas competentes en este asunto, proporcionando toda la información y la asistencia necesarias para garantizar una investigación exhaustiva e independiente", ha dicho a Europa Press un portavoz comunitario.

Las mismas fuentes defienden que la Comisión Europea "siguió los procedimientos y protocolos establecidos" para este tipo de transacción y, por ello, confía en que la venta investigada "se llevó a cabo conforme a las normas", aunque han evitado dar más detalles de la investigación en curso.

Desde la Fiscalía Europa también confirman que se están llevando a cabo "actividades para recabar pruebas" en el marco de una "investigación en curso", sin ofrecer más información sobre el caso, que se remonta al menos a 2024, cuando el Estado belga adquirió a través del fondo soberano (SFPIM) un total de 23 edificios comunitarios por cerca de 900 millones de euros.

Los activos inmobiliarios en cuestión, la mayoría de ellos ubicados en el barrio europeo de Bruselas en donde tienen sus sedes la Comisión Europea y otras instituciones como el Consejo o el Servicio de Acción Exterior de la UE, suman una superficie de entre 300.000 y 340.000 metros cuadrados de despachos, de acuerdo a los datos de los medios belgas.