El Gobierno vasco ve improbable lograr un inversor privado para Tubos Reunidos

Traslada en una reunión con los comités que está dispuesto a aceptar una reestructuración de los 16 millones que le adeuda la compañía

El Gobierno vasco ha trasladado a los comités de empresa de Tubos Reunidos, con los que ha mantenido un encuentro, que ve "muy improbable" con el nivel de deuda actual, encontrar inversores privados dispuestos a apostar por la empresa. Además, ha indicado que ve "buena disposición" en el Gobierno central para buscar una solución al problema de la deuda y, por su parte, el Ejecutivo de Pradales está dispuesto a aceptar una reestructuración de los 16 millones de deuda con Tubos Reunidos, "siempre de la mano de otros acreedores y haciendo un esfuerzo proporcional".

Estos pasos han sido comunicados por los responsables institucionales a los representantes de los comités de empresa de Trapagaran y Amurrio con los que se han reunido en un encuentro que ha comenzado a partir de las nueve de la mañana en Lakua, en Vitoria.

En la reunión, que se ha prolongado durante alrededor de dos horas, han participado el viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de Álava, Saray Zarate, la diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, y el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez.

Esta cita se produce después de que este pasado lunes la empresa comunicara al comité su plan de viabilidad antes las dificultades que atraviesa, con unas pérdidas provisionales de 71,3 millones en 2025. Entre las medidas anunciadas está un ERE para 301 trabajadores de las plantas Tragapagaran y Amurrio, siendo la alavesa la fábrica más afectada con 274 de los despidos previstos y donde, además, se va a cesar la actividad de la acería.

En la reunión, según ha informado posteriormente en un comunicado el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, han compartido y analizado "conjuntamente" la situación derivada de la decisión de la empresa de aplicar un ERE a 301 trabajadores.

Según ha explicado Industria, con este encuentro, las instituciones han querido trasladar a los miembros del comité su solidaridad con la situación de los trabajadores y sus familias y también han querido conocer "de primera mano la posición del comité respecto al ERE anunciado por la empresa".

En este sentido, los representantes de las instituciones han trasladado "su postura firme" en defensa del empleo industrial en Euskadi y han manifestado que el proceso de consulta y negociación entre empresa y comité "debe llevar a minimizar el impacto social de este ERE".

Asimismo, han expresado su disposición a apoyar "un proyecto industrial sólido" de futuro para Tubos Reunidos, cuyo plan de viabilidad depende, segun han apuntado, de que "la empresa pueda reestructurar su creciente deuda". A este respecto, Industria ha precisado que las instituciones mantienen "un contacto directo" con la dirección de Tubos Reunidos para analizar su plan de viabilidad.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA
Según ha detallado, este jueves hubo conversaciones entre el departamento de Industria del Gobierno Vasco y el ministerio de Industria para explorar la reestructuración de toda la deuda, incluida la de la SEPI.

En este sentido, ha agradecido "la buena disposición del gobierno español para encontrar una solución al problema de la deuda y hacer así viable a Tubos Reunidos".

Durante la reunión con el comité de empresa, se ha comunicado que el Gobierno Vasco está dispuesto "a aceptar una reestructuración de los 16 millones de euros de deuda con Tubos Reunidos, siempre de la mano de otros acreedores y haciendo un esfuerzo proporcional".

Asimismo, el Ejecutivo ha mostrado su disposición a acompañar a "inversores privados" que garanticen un proyecto industrial "sólido de futuro" para Tubos Reunidos, siguiendo el modelo de colaboración público-privada que el Gobierno Vasco ha desarrollado en otros proyectos industriales viables en Euskadi.

No obstante, han remarcado que, con el nivel de deuda actual, es muy "improbable" encontrar inversores privados dispuestos a apostar por Tubos Reunidos.

Por su parte, la Diputación Foral de Álava ha trasladado que está dispuesta a reestructurar cualquier obligación de pago pendiente que la empresa mantenga con la institución, así como a acompañar en un proyecto industrial público-privado que garantice el futuro de la empresa.

Por último, instituciones y comité de empresa se han emplazado a continuar manteniendo reuniones con el objetivo de compartir la evolución de las acciones que se vayan produciendo tras el anuncio de la empresa.

Al término de la reunión, el presidente del comité de empresa de Tubos Reunidos (UGT), Andrés García, ha señalado que las instituciones consideran "clave" esa restructuración de la deuda.

En este sentido, ha recordado que la mayor deuda es con la SEPI y, según ha indicado, les han pedido que les representen ante la Sociedad Estatal y "han aceptado".

El presidente del comité ha indicado que estaban pidiendo implicación a las instituciones y "eso parece que sí" se está concretando.

Por su parte, LAB ha emitido un comunicado en el que ha mostrado su preocupación por "la falta de compromisos claros" por parte de las instituciones ante "la destrucción de empleo que plantea la dirección de Tubos Reunidos".

Según ha advertido, el proceso "no se limita" a los 301 despidos planteados por la empresa, sino que esa decisión "tendrá un impacto mucho mayor", ya que afectará también a las plantillas de subcontratas, "generando más destrucción de empleo en las comarcas de Aiaraldea y Ezkerraldea".

LAB asegura que, durante el encuentro, ha trasladado "preguntas muy concretas" a las instituciones sobre "su papel y su nivel de exigencia hacia la empresa" y ha insistido al viceconsejero de industria que se pronunciara sobre "si la viabilidad de la empresa pasa por el ERE". El responsable de Industria ha respondido que "pasa por restructurar la deuda".

Ha añadido que, desde la consejería de Empleo "se han opuesto a la destrucción de empleo, y se han prestado a tratar de buscar alternativas al ERE".

A su juicio, en la reunión se ha vuelto a evidenciar "una preocupante falta de transparencia", tanto por parte de la empresa como por parte del propio Gobierno Vasco, "que tampoco ha aclarado cuáles son sus verdaderas exigencias y límites ante esta situación". LAB ve "especialmente grave" que haya una mesa para la reindustrialización de Aiaraldea y, "al mismo tiempo, no haya ninguna exigencia pública ni compromiso firme con el mantenimiento del empleo".

El sindicato ha expresado su temor por que "el papel" del Gobierno vasco y la de la Diputación de Álava vuelva a ser "el mismo" que en conflictos industriales, el de "mirar hacia otro lado, apelar a la responsabilidad de las personas trabajadoras para que acepten cierres y despidos, y situarse en la práctica del lado de direcciones empresariales".

Tras pedir a las instituciones "más implicación real con el empleo, con las condiciones de trabajo y con el futuro de Aiaraldea y Ezkerraldea", ha reafirmado su "compromiso firme de defender todos los puestos de trabajo".

Durante el tiempo que se ha prolongado la reunión, los trabajadores se han concentrado enfrente de la sede del Gobierno vasco para mostrar su rechazo a los despidos anunciados por Tubos Reunidos, ya que para este viernes estaba convocada una jornada de huelga de 24 horas convocada en la planta de Amurrio.

El presidente del comité ha recordado que el próximo 17 de febrero está prevista otra reunión con la empresa y para ese día también han convocado una nueva huelga en la planta alavesa. También en la fábrica de Trapagaran hay convocado un paro de 24 horas, en este caso, solo por ESK y LAB.