Trump impone un arancel global del 15% tras el revés judicial que limita sus gravámenes
La Administración estadounidense eleva con efecto inmediato los gravámenes internacionales al máximo permitido por la Ley de Comercio de 1974 después de que el Tribunal Supremo invalide la base jurídica utilizada en primera instancia para imponer las tasas.
El movimiento del presidente Donald Trump abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial y sitúa al Congreso como actor clave si la medida quiere prolongarse más allá de los 150 días previstos por la normativa.
La secuencia de decisiones y respuestas institucionales configura uno de los episodios más relevantes desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca y redefine el marco legal de su política comercial.
Del correctivo judicial al contraataque político
El Tribunal Supremo se pronuncia este viernes contra los aranceles que el presidente había promulgado inicialmente al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La resolución supone el mayor revés judicial para Trump desde que ha retomado el cargo.
Lejos de moderar su posición, el jefe del Ejecutivo comparece pocas horas después y carga duramente contra el alto tribunal. En su mensaje público asegura que, “tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer”, decide incrementar los gravámenes globales.
La respuesta se concreta en un anuncio inmediato: “aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%”. Con esta declaración, el presidente transforma el revés judicial en un giro estratégico que refuerza, al menos temporalmente, su política proteccionista.
Un nuevo instrumento legal: la Sección 122
La clave del movimiento reside en el cambio de fundamento jurídico. Si el Supremo invalida los efectos de los aranceles dictados bajo la IEEPA, Trump recurre ahora a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Este precepto autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 15% durante un periodo inicial de 150 días. Superado ese plazo, cualquier prórroga requiere la aprobación expresa del Congreso de Estados Unidos, lo que introduce un contrapeso político que no existía en el esquema anterior.
La decisión, por tanto, no solo implica un incremento porcentual del 10% al 15%, sino también una reconfiguración del marco institucional en el que se inscribe la política arancelaria.
Tensión con el ala conservadora del tribunal
El enfrentamiento adquiere un matiz adicional al afectar a magistrados conservadores que el propio presidente promovió durante su primer mandato. Tras el fallo, Trump arremete especialmente contra Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, quienes se han sumado al dictamen contrario a los aranceles iniciales.
La escena pública evidencia una fractura poco habitual entre el mandatario y parte del bloque ideológico que, en teoría, debía resultar más próximo a sus postulados. El episodio consolida la idea de que el Supremo actúa como un contrapeso efectivo incluso frente a decisiones centrales de la agenda presidencial.
La narrativa de la defensa económica
Desde que anunció los primeros gravámenes, el presidente sostiene que su política responde a una situación de desventaja estructural para Estados Unidos en el comercio internacional. Tras el nuevo anuncio, insiste en que las tasas se dirigen a países que, en sus palabras, llevan “estafando durante décadas” a su país “sin represalia alguna”.
En esa misma línea, el mandatario subraya que dispone de cinco meses para “determinar y anunciar nuevos aranceles legalmente permitidos” con el propósito de que “América siga siendo más grande que nunca”. El plazo funciona como margen político y estratégico para rediseñar su arquitectura arancelaria dentro de los límites avalados por la ley.
Un horizonte condicionado por el Congreso
El carácter temporal de la medida introduce una variable decisiva: si la Casa Blanca pretende mantener los gravámenes más allá de los 150 días, necesitará el consentimiento del Congreso. Ese requisito abre la puerta a negociaciones, debates y eventuales ajustes en función de la correlación de fuerzas parlamentarias.
La combinación de correctivo judicial, contraofensiva ejecutiva y eventual intervención legislativa convierte este episodio en un caso paradigmático del sistema de equilibrios institucionales de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el aumento del arancel global al 15% proyecta efectos potenciales sobre los flujos comerciales internacionales y sobre la percepción de estabilidad normativa en el país.
La nueva etapa que se inicia no solo redefine la política comercial de la Administración Trump, sino que también somete a prueba la capacidad del sistema constitucional para gestionar un conflicto abierto entre poderes del Estado en un ámbito de alto impacto económico.
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