Trabajo acudirá a los agentes sociales para transponer "cuanto antes" la directiva de transparencia salarial

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado que consultará con los interlocutores sociales los borradores sobre la Directiva Europea de Transparencia Salarial para arrancar su transposición, cuya fecha límite es el próximo 7 de junio, "cuanto antes".

En la rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación de febrero, Pérez Rey ha explicado que la Directiva de Transparencia Retributiva es una norma europea "decisiva" por la que España ha trabajado mucho en el seno de la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Trabajo la va a trasponer "a la mayor brevedad".

"Los consultaremos con los interlocutores sociales y arrancaremos la transposición normativa cuanto antes. Es un proceso que se va a iniciar de forma inmediata y completará lo que ya ha hecho este Gobierno con los dos reglamentos básicamente de plan de igualdad y registro retributivo el 901 y el 902, siendo el complemento decisivo a un aparato normativo que pretenderá erradicar ese elemento inaceptable que es la brecha salarial de género", ha expuesto.

El secretario de Estado ha asegurado que en España se han logrado avances "muy significativo" en relación a la brecha salarial de género, pero que cualquier diferencial sigue siendo "inadmisible".

La Directiva Europea de Transparencia Salarial (UE 2023/970), que debe trasponerse antes del 7 de junio de 2026, obliga a las empresas a revelar rangos salariales de las ofertas de empleo, ya sea en el anuncio de la vacante o antes de la entrevista, y prohíbe preguntar por el salario anterior.

La directiva tiene por objeto luchar contra la discriminación retributiva y contribuir a eliminar la brecha retributiva de género en la Unión Europea.

Para ello, las empresas de la UE estarán obligadas a facilitar información sobre los salarios y a tomar medidas si su brecha retributiva de género supera el 5% y no se pueden justificar por criterios objetivos que sean neutros con respecto al género --por ejemplo, la antigüedad en un puesto--.

En caso de que la brecha retributiva sea mayor al 5%, las empresas deberán adoptar medidas, concretamente realizar una evaluación retributiva conjunta en colaboración con los representantes de los trabajadores.

La directiva también incluye disposiciones sobre la indemnización a las víctimas de discriminación retributiva, y sobre sanciones, incluidas multas, a los empleadores que infrinjan las normas.