El PP pide prohibir que Ineco valore contratos de fondos europeos tras la denuncia de presuntos amaños en Adif

El PP ha registrado una propuesta en el Parlamento para prohibir la participación de medios propios del Gobierno como Ineco en las valoraciones técnicas de licitaciones del Plan de Recuperación sin cobertura contractual explícita, después de que el Tribunal de Cuentas alertase de dos denuncias en Adif por una posible alteración irregular de puntuaciones en informes de valoración en contratos.

La petición del partido de Alberto Núñez Feijóo se plasma en una propuesta de resolución que ha presentado al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de los procedimientos de gestión y control implantados por Adif y Adif-Alta Velocidad para la ejecución del Plan de Recuperación a 31 de diciembre de 2024.

El informe de fiscalización denunciaba que la operadora de infraestructuras ferroviarias había sido poco rigurosa en la investigación de dos denuncias sobre la alteración irregular de puntuaciones en las que Ineco habría sido partícipe.

DENUNCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
En concreto, en julio de 2022 se registró una denuncia en Ineco porque un empleado de Adif "supuestamente habría dado instrucciones a dos empleados de Ineco para cambiar sus valoraciones sobre las ofertas técnicas presentadas en tres licitaciones" de contratos vinculados a fondos europeos. Dos meses más tarde también se produjo una denuncia en Adif por una supuesta "falsificación de puntuaciones en licitaciones".

Tras las denuncias, Adif concluyó que "no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación", pero el Tribunal de Cuentas reprochó que el operador ferroviario no había tenido el rigor suficiente en la investigación.

En los últimos meses Ineco se ha visto salpicada en las investigaciones de la trama Koldo por su papel avalando contratos y por 'fichar' a mujeres recomendadas por el entonces ministro José Luis Ábalos pese a carecer de formación.

Con este panorama, el PP ha registrado una batería de propuestas de resolución al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas a las que ha accedido Europa Press y que tienen que ser votadas por las Cortes.

Además del veto a la empresa pública de ingeniería, los 'populares' instan al Gobierno a implantar verificaciones anuales obligatorias de amenazas a la imparcialidad en valoraciones técnicas, incluyendo compromisos futuros en Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses de personal propio y externo, incluidos medios propios como Ineco.

También se incluyen otras peticiones como un plan antifraude específico contra colusión en ofertas, recalificando riesgos altos (selección de actuaciones, sobornos) y auditando externamente contratos superiores a un millón de euros del Plan de Recuperación. También se pide reformar las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses para que sean específicas por expediente de contratación.

PETICIONES DEL PSOE
Por otro lado, el PSOE ha registrado sus propuestas de resolución al informe y plantean a Adif y Adif-Alta Velocidad a que realicen actuaciones dirigidas asegurar la prevención y gestión de conflictos de interés en el ámbito de personal de medios propios con tareas de gestión y gobernanza del Plan de Recuperación.

A su vez, piden que el operador especifique de forma más detallada si se han detectado amenazas a la imparcialidad en relación con las funciones que realizan y los procedimientos en los que participan las personas verificadas, así como ampliar la información a los compromisos de pago a empresas proveedoras.

Por su parte, Vox insta al Gobierno a que Adif y Adif-Alta Velocidad lleven a cabo actuaciones dirigidas a asegurar la prevención y gestión de conflictos de interés en el ámbito de personal de medios propios con tareas de gestión del Plan de Recuperación, así como acometer "sin dilación" un plan de acción para disminuir el riesgo de prácticas colusorias.

Por último, Sumar insta al operador a que la autoevaluación del riesgo de fraude actualice la valoración del riesgo neto y los resultados del plan de acción respecto al riesgo de prácticas colusorias en las foertas, para alcanzar un valor de riesgo objetivo aceptable.