Montero anima a Hitachi a reconsiderar su posición y a mantener su inversión de 87 millones en Córdoba

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha animado este lunes a la empresa Hitachi Energy España a que "reconsidere su posición" en cuanto a la inversión prevista en la planta de Córdoba y a que "intente llegar al acuerdo" y con la "interlocución de la parte social", teniendo en cuenta que la fábrica emplea a unas 440 personas.

En una atención a los medios tras reunirse con el 'country manager' director de la entidad, Alfredo García-Borreguero, y posteriormente con el comité de empresa, con la asistencia de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, Montero ha declarado que "el ánimo del Gobierno de España es que la representación de los trabajadores y la empresa puedan llegar a un acuerdo y que fruto de ese acuerdo se recupere la inversión que en un primer momento la empresa iba a hacer sobre esta instalación, que estaba en torno a 87 millones de euros".

En este caso, ha lamentado que dicha inversión "se ha reducido casi a la mitad, justamente para posibilitar, según la empresa, que haya continuidad y en algún caso recuperación de la productividad y la competitividad que durante el último año, según la empresa, se ha perdido".

Ante ello, tanto la subdelegada como ella han hecho llegar "la voluntad de trabajar en esa dirección y de explorar los instrumentos que tenemos, entre ellos la concesión de dos subvenciones, incentivos regionales, que concede el Ministerio de Hacienda a través de los fondos regionales, en los que la empresa iba a tener una subvención de casi 12 millones de euros", pero "queda cuestionada, porque el total de lo que la empresa va a destinar a la actividad se baja casi a la mitad de lo que en un primer momento se tenía previsto, con lo cual eso obliga a explorar diferentes situaciones".

Tras animar a que "los trabajadores y la propia empresa lleguen a un acuerdo", la ministra ha comentado que "el acuerdo estaba en el marco de la negociación del convenio colectivo y que tiene que garantizar, como cualquier convenio colectivo, las condiciones laborales y la viabilidad del propio plan industrial, que la empresa tiene presentado y preparado de aquí a unos cuantos años".

"NO PERDER NI UN PUESTO DE TRABAJO"
Entretanto, Montero ha indicado que "el CEO se ha mostrado bastante firme en la parte que había transmitido la propia empresa y a la representación de la empresa", si bien le ha hecho "un llamamiento a que reconsidere la posición y actitud porque esta empresa es muy importante para la ciudad, no solamente por lo que implica del número de empleos, sino también, y lo que es fundamental, porque forma parte del ecosistema industrial que hay en Córdoba y en Andalucía". "Un ecosistema que tiene que aspirar a ir a más, no a menos", ha remarcado.

Además, ha afirmado que "sí ha comprometido el CEO que no se va a perder un solo puesto de trabajo", sino "todo lo contrario", de modo que "consideran que van a aumentar el número de trabajadores, en este caso indirecto, que estén asociados a la empresa", ha destacado Montero.

No obstante, ve "fundamental que haya un acuerdo en el marco del convenio colectivo, del diálogo social", y que "la inversión de 87 millones, que significa mucha modernización de la totalidad del tejido productivo, se pueda mantener y replantear".

EL PAPEL DE MEDIACIÓN
En cuanto a las declaraciones de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, al calificar de "falta de lealtad entre instituciones" el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno haya "convocado una reunión" este lunes con el CEO apenas "dos horas antes" de la reunión programada "desde la semana pasada" por parte del Gobierno andaluz y el Ayuntamiento, y en la que, según la consejera, "tenía que estar también la Subdelegación del Gobierno", Montero ha manifestado que no puede "entender cómo alguien puede pensar que hay una falta de lealtad".

En este sentido, ha subrayado que "el Gobierno de España, entre otras cosas, está dando subvenciones a esta empresa en particular, se preocupa y se ocupa de que la empresa mantenga la inversión inicialmente prevista porque eso supone una mayor fortaleza de esa industria, una mejor sostenibilidad para el futuro y, por tanto, una apuesta por Andalucía y Córdoba".

"También cuando uno está intentando mediar en un conflicto que se prolonga por un año entre los trabajadores y la empresa para que lleguen a unas condiciones adecuadas que permita que el clima laboral, el clima social de la empresa, favorezca el avance y el desarrollo de esta empresa", ha enfatizado, para señalar que "deslealtad sería no intentar nada cuando hay una situación de este tipo".

A su juicio, "da la impresión de que utilizan los adjetivos mal, no es que piensen que es deslealtad, es que parece que les da coraje que el Gobierno de España intervenga en los asuntos que son importantes para Andalucía". "Es que parece que hay que pedir permiso permanentemente para hablar con alguien, como si Andalucía le perteneciera a una institución, en este caso a la Junta de Andalucía", ha expuesto Montero, quien ha insistido en que no puede "entender cómo se puede acusar de deslealtad a alguien que está intentando solucionar el problema y el conflicto".

Al hilo, ha defendido que todas las administraciones se tienen que reunir con esta empresa, aseverando que le parece muy bien que "la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y todo el mundo se reúna, porque hay que llevar al ánimo de la empresa la importancia que tiene esta fábrica". Si bien, ha expresado que ella no acusa a "nadie de deslealtad". "Me parece gratuito, poco oportuno y poco deportivo que se puedan hacer esas acusaciones", ha dicho.