Los automovilistas españoles pagarán este año a los ayuntamientos cerca de 4.000 millones por el IVTM

De las 52 capitales de provincia, Jaén, Pamplona, San Sebastián, Soria y Vitoria han subido este año las tarifas

Los propietarios de un vehículo en España estarán obligados a pagar este año a los ayuntamientos cerca de 3.000 millones de euros por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), según el estudio realizado por la asociación de defensa del conductor Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Unos 37,8 millones de automovilistas titulares de cualquier vehículo a motor (desde un ciclomotor hasta un camión de gran tonelaje) están obligados a pagar este impuesto por el hecho de tenerlo dado de alta en Tráfico, circulen o no con ellos.

Este impuesto, creado en España hace 36 años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos (conocido también como 'el numerito'), genera unos ingresos anuales entorno a los 4.000 millones de euros a las haciendas locales.

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.

Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 8 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA.

También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación que AEA consiguió introducir en 1999 en la Ley de Haciendas Locales. Desde entonces, cientos de miles de automovilistas se han ahorrado el pago de este impuesto a cambio de conservar un patrimonio que forma parte de una determinada época de producción automovilística.

DIFERENCIAS DE MÁS DE UN 160% ENTRE CAPITALES DE PROVINCIA
Así, por ejemplo, un vehículo tipo medio, de 11,99 CV de potencia fiscal, según señala la AEA en su informe, paga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros; en Madrid 59 euros, en Barcelona 68,16 euros y en San Sebastián 89,25. Es decir, un 161% más caro en San Sebastián que en Tenerife.

Entre los ayuntamientos más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Vitoria, Bilbao, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Salamanca, Santander y Cádiz.

Por el contrario, entre las capitales que podrían considerarse "un paraíso fiscal" estarían Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y A Coruña.

Pero según el informe de AEA las diferencias de tarifas no solo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. Así, por ejemplo, la tarifa que cobran los municipios madrileños de La Hiruela, Patones o Las Rozas de Puerto Real, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se cobra en Barcelona.

ÉXODO DE AUTOMOVILISTAS HACIA PARAÍSOS FISCALES
Este hecho ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal.

Tal es el caso de diez municipios españoles (Moralzarzal, Venturada, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Robledo de Chavela, Brunete, Collado Mediano y Patones, en Madrid; Finestrat, en Alicante; y Tejeda, en Gran Canaria) -con una población de entre 600 y 15.000 habitantes-, en los que se matriculan aproximadamente el 35% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 244.921 turismos sobre un total nacional 694.559 unidades.

AEA explica que el origen de este fenómeno de "los paraísos fiscales" se inició a raíz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, lo que permitió a los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting concentrar la matriculación de sus vehículos en municipios con una baja fiscalidad.

En el 'Estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil', AEA recoge un listado de 25 ayuntamientos en los que el número de vehículos de nueva matriculación supera el número de habitantes censados, llegándose a alcanzar índices de motorización muy superiores a los de EE.UU. o Japón, como es el caso del municipio madrileño de La Hiruela, con 88 habitantes, en el que el pasado año se matricularon 69 vehículos por habitante.

Los municipios considerados "paraísos fiscales" en el informe de AEA son los siguientes: La Hiruela (88 habitantes), Las Rozas de Puerto Real (579), Patones (617), Venturada (2.622), Robledo de Chavela (4.818), Navacerrada (3.311), Moralzarzal (14.772), Collado Mediano (7.722) y Brunete (11.287), en la Comunidad de Madrid; Sarratella (113), en Castellón; Aguilar de Segarra (292), Rajadell (597) y Les Cabanyes (1.060), en Barcelona; Escorca (199), en Mallorca; Retascón (77), en Zaragoza; Tejeda (1.806) en Las Palmas; Montejaque (945) y Macharaviaya (518), en Málaga; Puebla de San Miguel (53) y Castielfabib (284), en Valencia; Benidoleig (1.245) y Finestrat (9.919), en Alicante; Cañada de Calatrava (99), en Ciudad Real; y Bràfim (697) y Figuerola (342), en Tarragona.